Gobernabilidad y gobernanza en Morelos: balance crítico de casi dos años del gobierno de Margarita González Saravia (Segunda de dos partes)
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 20 de agosto de 2026
Manejo del conflicto social: funcional, pero en ocasiones reactivo
Morelos no ha vivido durante estos 22 meses una explosión social generalizada ni un escenario de ingobernabilidad. El gobierno mantiene interlocución con diversos sectores y desarrolla reuniones y actividades en numerosos municipios.
La administración ha llevado conferencias de prensa e informes a distintas regiones del estado, buscando construir una imagen de gobierno territorial y cercano.
Pero han surgido conflictos que muestran una debilidad: en determinadas ocasiones el diálogo parece comenzar después de que el problema ya se convirtió en protesta, en lugar de utilizar la negociación como mecanismo preventivo.
El conflicto relacionado con las tarifas del transporte público resulta ilustrativo. Durante 2026 se produjeron protestas después del incremento de las tarifas, mientras la gobernadora reconoció que se habían generado expectativas equivocadas alrededor de la posibilidad de transporte gratuito. Posteriormente se anunciaron esquemas de gratuidad dirigidos a determinados grupos, entre ellos estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Desde la perspectiva de la gobernanza, el problema no consiste exclusivamente en determinar si el aumento era económicamente necesario. La cuestión fundamental es si usuarios, transportistas, especialistas, municipios y autoridades participaron suficientemente antes de adoptar la decisión.
Una buena gobernanza busca precisamente reducir estos conflictos mediante deliberación y negociación previa.
¿Y qué ocurre con la gobernanza?
Si aplicamos los elementos clásicos de la buena gobernanza —participación, transparencia, rendición de cuentas, coordinación, inclusión, efectividad, capacidad de respuesta y Estado de derecho— el panorama resulta mixto.
Participación ciudadana: nivel medio
Existen programas territoriales, mecanismos de presupuesto participativo, mesas de trabajo y acercamiento con comunidades y municipios.
El problema consiste en determinar cuánto de esa participación influye realmente en la decisión gubernamental.
No basta escuchar a la sociedad para hablar de gobernanza. Es necesario demostrar que determinadas decisiones se modificaron como consecuencia de la participación ciudadana.
Transparencia: nivel medio-alto
La administración mantiene una presencia pública considerable, realiza conferencias, informes regionales y publica información gubernamental con frecuencia.
Sin embargo, transparencia no significa únicamente informar sobre lo realizado. La transparencia moderna exige permitir que terceros puedan verificar los resultados.
El siguiente paso tendría que ser ampliar la disponibilidad de datos abiertos sobre presupuesto, obras, seguridad, programas sociales, contratos, metas e indicadores de desempeño.
Rendición de cuentas: nivel medio
Las denuncias contra funcionarios de la administración anterior constituyen un elemento importante.
Pero la verdadera prueba estará en sus resultados.
La rendición de cuentas no termina con presentar una denuncia; concluye cuando las instituciones investigan, determinan responsabilidades y, cuando corresponda, sancionan.
Coordinación con el Gobierno Federal: nivel alto
Éste es uno de los puntos fuertes de González Saravia.
Existe una estrecha coordinación política e institucional con el Gobierno Federal, especialmente en seguridad, infraestructura y programas sociales.
Esto proporciona al gobierno estatal capacidad adicional para enfrentar problemas que Morelos difícilmente podría resolver exclusivamente con recursos propios.
Sin embargo, la coordinación federal no debe convertirse en dependencia. La gobernabilidad estatal requiere desarrollar capacidades propias.
Coordinación con municipios: nivel medio
El gobierno mantiene una presencia territorial importante y existen diversos convenios y esquemas de coordinación.
Pero precisamente la debilidad institucional de algunos municipios constituye uno de los mayores riesgos para Morelos.
Las investigaciones contra autoridades municipales demuestran que no basta la coordinación política: se necesitan controles institucionales, profesionalización policial, fiscalización financiera y mecanismos capaces de detectar infiltración criminal.
Inclusión social: nivel medio-alto
La política gubernamental presenta una orientación explícita hacia grupos vulnerables, comunidades y programas sociales territoriales.
Este elemento debe reconocerse.
Sin embargo, una política social inclusiva debe ser evaluada no solamente por el número de beneficiarios, sino por su capacidad para modificar condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y marginación.
Capacidad de respuesta: nivel medio
El gobierno ha demostrado capacidad para modificar determinadas decisiones y estrategias cuando éstas no producen los resultados esperados.
El cambio de estrategia de seguridad constituye el ejemplo más evidente.
La debilidad consiste en que algunas respuestas parecen producirse después de que el problema ha alcanzado dimensiones críticas.
Una gobernanza madura debe desarrollar mayor capacidad preventiva.
Estado de derecho: nivel bajo-medio
Éste es, junto con seguridad, el mayor déficit.
Extorsión, homicidios, feminicidios, penetración criminal municipal y debilidad de determinadas corporaciones policiales continúan afectando la capacidad institucional del Estado.
Y aquí existe una regla fundamental: sin Estado de derecho difícilmente puede existir una gobernanza sólida, porque los mecanismos participativos pierden eficacia cuando actores ilegales tienen mayor capacidad de presión que los ciudadanos.
El problema de las redes sociales y la comunicación gubernamental
El análisis de Facebook, X, Instagram, TikTok y medios digitales permite identificar una conversación considerablemente más crítica que la comunicación institucional.
Pero esta observación requiere una advertencia fundamental: las redes sociales no constituyen una muestra estadísticamente representativa de la sociedad morelense.
Los algoritmos privilegian polémica, indignación y acontecimientos negativos. Las cuentas gubernamentales, por su parte, tienden naturalmente a seleccionar logros y resultados favorables.
Por ello, ninguno de los dos extremos ofrece por sí mismo una fotografía objetiva.
Lo que sí puede observarse es que los asuntos que generan mayor tensión pública están relacionados fundamentalmente con inseguridad, feminicidios, extorsiones, transporte, desempeño de autoridades municipales y cuestionamientos sobre la eficacia gubernamental.
La respuesta del Ejecutivo frente a la crítica merece atención. La gobernadora ha cuestionado en diversas ocasiones información difundida en medios y redes sociales y ha advertido sobre desinformación.
Un gobierno democrático puede y debe combatir la información falsa.
Pero existe una diferencia fundamental entre desmentir una información con evidencia y desacreditar genéricamente a los medios o las redes sociales.
La primera conducta fortalece la gobernanza. La segunda puede erosionarla.
La mejor respuesta frente a una publicación incorrecta consiste en presentar datos, documentos, metodología y resultados que permitan a cualquier ciudadano contrastar la información.
El saldo de casi dos años
Si hubiera que sintetizar la administración de Margarita González Saravia hasta agosto de 2026 en términos estrictamente institucionales, la conclusión sería ésta:
Existe gobernabilidad política, pero todavía no existe una gobernabilidad suficientemente consolidada en materia de seguridad. Existe una arquitectura inicial de gobernanza, pero todavía predomina un modelo de gobierno que consulta, comunica y se acerca al territorio más de lo que realmente incorpora a la sociedad en la toma de decisiones.
El contraste es importante.
En comparación con la confrontación institucional y el deterioro administrativo que caracterizaron etapas anteriores de Morelos, González Saravia ha conseguido recuperar cierto orden político: mantiene una relación funcional con el Congreso, una estrecha coordinación federal, capacidad presupuestaria, presencia territorial y una administración que no aparece paralizada.
Las investigaciones sobre irregularidades de la administración anterior constituyen además una señal potencialmente favorable, siempre que lleguen a consecuencias jurídicas.
Eso sí representa gobernabilidad.
Pero existe otra dimensión que impide otorgar una evaluación alta.
El ciudadano juzga finalmente al Estado por su experiencia cotidiana. Si existen extorsiones, asesinatos, feminicidios, municipios infiltrados por organizaciones criminales o autoridades asesinadas, puede existir funcionamiento administrativo y, simultáneamente, deteriorarse la percepción de que el Estado controla efectivamente su territorio.
Y esa percepción tiene consecuencias políticas.
De la presencia territorial a una verdadera gobernanza territorial
El principal desafío de Margarita González Saravia durante los siguientes años no consiste simplemente en comunicar mejor. Necesita producir resultados suficientemente perceptibles para que la comunicación deje de ser el principal instrumento para explicar el desempeño gubernamental.
La primera prioridad debería consistir en convertir la seguridad en una verdadera política de Estado medible públicamente. El gobierno podría publicar mensualmente un tablero territorializado por municipio que mostrara homicidios, feminicidios, extorsiones, desapariciones, robo de vehículos, judicialización, sentencias, tiempos de respuesta policial, policías certificados y percepción ciudadana.
Y debería publicar tanto los indicadores favorables como los desfavorables.
La segunda sería crear un verdadero sistema estatal de gobernanza, con participación permanente de municipios, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, organizaciones sociales, colectivos de víctimas, universidades y especialistas.
No para realizar reuniones protocolarias, sino para establecer objetivos verificables y revisar públicamente los resultados.
La tercera tendría que concentrarse en los municipios. Las investigaciones realizadas durante 2026 han demostrado que el ámbito municipal puede convertirse en uno de los principales puntos de vulnerabilidad del Estado.
Fortalecer policías municipales, controles patrimoniales, compras públicas, fiscalización, inteligencia financiera, profesionalización de funcionarios y mecanismos de denuncia protegida probablemente sea tan importante como aumentar patrullas o cámaras.
La cuarta sería transformar la comunicación pública.
En lugar de confrontar genéricamente a redes sociales o medios de comunicación, resultaría más eficaz establecer una política permanente de respuesta con evidencia: dato, documento, fuente, evolución histórica y meta.
Y la quinta sería construir un mecanismo ciudadano de evaluación de compromisos.
Cada anuncio gubernamental relevante debería permitir responder públicamente cuatro preguntas:
¿Qué se prometió? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo debe estar terminado? ¿Qué indicador permitirá determinar si funcionó?
Eso permitiría pasar de la comunicación gubernamental a una auténtica rendición de cuentas.
Conclusión
Margarita González Saravia ha conseguido algo que no debe minimizarse: Morelos posee hoy una conducción política más ordenada que la que recibió. No existe una confrontación abierta entre poderes, el Ejecutivo conserva capacidad para tomar decisiones y aprobar políticas, mantiene coordinación estrecha con la Federación y muestra una presencia territorial considerable.
Pero gobernar ordenadamente no es suficiente.
Después de casi dos años, el examen comienza inevitablemente a desplazarse de las intenciones, los programas y la reconstrucción institucional hacia los resultados.
Y el punto decisivo será la seguridad.
Si durante los próximos años disminuyen de manera sostenida la violencia y la extorsión, se debilita la penetración criminal de las instituciones, las denuncias de corrupción producen consecuencias, los mecanismos participativos adquieren incidencia real y el Ejecutivo acepta la crítica como parte normal del ejercicio democrático, el gobierno de González Saravia podría evolucionar de una gobernabilidad políticamente estable hacia una verdadera gobernanza democrática.
Si, por el contrario, persiste la inseguridad, continúa evidenciándose la penetración criminal en municipios y la respuesta gubernamental se concentra en explicar que la percepción pública no corresponde con sus cifras, el riesgo será exactamente el inverso: conservar formalmente el poder y perder paulatinamente gobernabilidad social.
Ésa es probablemente la frontera más importante en la que se encuentra actualmente Morelos: el gobierno ha demostrado que puede gobernar; los siguientes años deberán demostrar si puede convertir esa capacidad política en resultados y, sobre todo, si puede gobernar con la sociedad y no únicamente para ella.
