EL INSTITUTO DE PENSIONES DE MORELOS YA COMENZÓ A CONSTRUIRSE, AUNQUE TODAVÍA NO LLEVE ESE NOMBRE
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 1 de septiembre de 2026
La publicación del nombre de 13 ayuntamientos incumplidos podría parecer un episodio más del acostumbrado desorden administrativo municipal. Atlatlahucan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Xochitepec, Xoxocotla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas no entregaron al Poder Ejecutivo la información correspondiente al primer semestre de 2026 sobre sus trabajadores activos, jubilados y pensionados. Sin embargo, detrás de esta omisión se encuentra un asunto mucho más trascendente: el gobierno de Morelos está construyendo la base técnica, administrativa y financiera de lo que eventualmente podría convertirse en el Instituto Estatal de Pensiones.
El aviso fue fechado el 26 de agosto de 2026 y publicado cinco días después en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Su primer considerando contiene la clave que permite dimensionar el asunto. Ahí se recuerda que fue declarada de interés público la creación del Registro Estatal de Pensiones, integrado con la información de los trabajadores, jubilados y pensionados del gobierno estatal, los 36 ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los organismos auxiliares estatales y municipales. No se trata, por lo tanto, de una relación parcial ni de un padrón limitado al Poder Ejecutivo: pretende concentrar la radiografía laboral y pensionaria de prácticamente todo el aparato público de Morelos.
Primero el padrón, después el Instituto
Desde hace meses, la posible creación de un Instituto de Pensiones ha sido discutida, defendida, rechazada y utilizada políticamente por diferentes actores. Los trabajadores y sus organizaciones temen que detrás de la reforma aparezcan modificaciones a la edad de jubilación, las aportaciones, los años de servicio o los porcentajes pensionatorios. El gobierno sostiene que no existe todavía una iniciativa formal presentada al Congreso y que cualquier propuesta se encuentra en una etapa de análisis técnico y financiero. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Probablemente todavía no existe un proyecto legislativo definitivo; pero eso no significa que el proceso no haya comenzado. El Instituto de Pensiones puede estar construyéndose desde sus cimientos, aunque todavía no tenga edificio jurídico, dirección general ni decreto de creación. Y su primer cimiento es precisamente el Registro Estatal de Pensiones.
No se puede fundar una institución de esa naturaleza sin saber cuántos trabajadores activos existen, qué edades tienen, cuántos años de servicio acumulan, cuánto perciben, cuántos están próximos a jubilarse, cuántas pensiones se pagan actualmente y cuánto representa esa obligación en los presupuestos de cada institución. Tampoco puede diseñarse un fondo sin conocer el número de beneficiarios, el importe mensual y anual de las pensiones ni los resultados de los estudios actuariales disponibles.
Esos son exactamente los datos que el artículo 57 Bis-2 de la Ley del Servicio Civil obliga a entregar. No estamos ante una coincidencia menor. El registro solicita la información indispensable para calcular el tamaño, el costo y los riesgos del posible Instituto de Pensiones.
La confirmación más clara surgió desde marzo de 2025, cuando la entonces secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, explicó públicamente que la información recopilada permitiría proyectar la creación de un fondo de pensiones o, en su caso, determinar el surgimiento de una institución encargada de esos procesos. La ruta estaba delineada desde entonces: levantar el padrón, medir los pasivos, realizar los cálculos actuariales y valorar la creación de un nuevo organismo.
Un antecedente que viene de años atrás
La idea del Registro Estatal de Pensiones tampoco nació con el aviso de agosto. La legislación consigna antecedentes desde noviembre de 2020, cuando fue incorporada la disposición correspondiente a la Ley del Servicio Civil. La reforma publicada el 31 de diciembre de 2024 fortaleció el mecanismo, estableció entregas semestrales y ordenó hacer públicos los nombres de los entes incumplidos. Los formatos para proporcionar los datos fueron publicados el 28 de febrero de 2025.
Por eso, los 13 ayuntamientos difícilmente pueden argumentar sorpresa o desconocimiento. Habían transcurrido alrededor de 18 meses desde la publicación de los formatos y existieron requerimientos directos de la Secretaría de Administración y Finanzas. A pesar de ello, no entregaron la información correspondiente al primer semestre de 2026.
La dependencia estatal les concedió, “por única ocasión”, un plazo de 20 días para cumplir. La expresión utilizada resulta reveladora: representa una última oportunidad antes de que puedan determinarse otras responsabilidades. Pero el aviso también deja una zona gris, pues no precisa las sanciones concretas que enfrentarán los municipios si persisten en desacatar la obligación.
Un registro obligatorio sin mecanismos efectivos de cumplimiento corre el riesgo de convertirse en otro archivo incompleto. Y un Instituto de Pensiones diseñado sobre información fragmentada podría nacer con cálculos equivocados, pasivos subestimados y una insuficiencia financiera programada desde su origen.
¿Qué pueden revelar las nóminas?
La resistencia municipal puede tener varias explicaciones. En algunos ayuntamientos quizá predominen el desorden, la falta de personal capacitado, la inexistencia de archivos digitalizados o la incapacidad para reconstruir expedientes laborales acumulados durante décadas. Pero también es legítimo preguntar si existen administraciones que prefieren no transparentar sus nóminas, pensiones y compromisos financieros.
Morelos ha conocido durante años las llamadas pensiones doradas, las antigüedades presuntamente infladas, los documentos de dudosa autenticidad y los funcionarios que, después de estancias relativamente breves en determinadas instituciones, consiguieron prestaciones privilegiadas. También ha padecido la práctica de incorporar a familiares, amigos y aliados políticos a las nóminas públicas, así como la movilidad de servidores entre diferentes poderes y ayuntamientos para reunir años de servicio.
El Registro Estatal de Pensiones permitiría cruzar nombres, edades, fechas de ingreso, antigüedades, percepciones, instituciones de procedencia y montos pensionatorios. Podría revelar duplicidades, contradicciones y expedientes que no coincidan con la realidad laboral. También permitiría anticipar cuántos trabajadores estarán en condiciones de jubilarse durante los próximos cinco, diez o quince años.
No podemos afirmar, sin pruebas, que los 13 municipios estén ocultando irregularidades. Pero sí podemos señalar algo elemental: al retener la información impiden verificar si las irregularidades existen. La opacidad no demuestra por sí misma una conducta ilícita, aunque inevitablemente alimenta las sospechas.
La verdadera batalla será por el dinero
El debate no se reduce a crear otra institución pública. La pregunta decisiva es quién aportará los recursos y quién absorberá los pasivos acumulados. Si nace un Instituto de Pensiones, deberá definirse si los trabajadores realizarán nuevas aportaciones, si los municipios entregarán cuotas periódicas, si el gobierno estatal cubrirá déficits, si habrá un fondo solidario y qué ocurrirá cuando algún ayuntamiento deje de pagar.
También deberá establecerse si el organismo será autónomo o permanecerá bajo el control del Poder Ejecutivo; quién integrará su órgano de gobierno; qué representación tendrán trabajadores, jubilados, municipios y poderes públicos; cómo se invertirán los recursos y quién vigilará que el fondo no se convierta en caja chica del gobierno en turno.
Ésa es la razón por la cual los sindicatos han reaccionado con desconfianza. La preocupación no es imaginaria: cualquier modificación improvisada podría trasladar a los trabajadores el costo de décadas de irresponsabilidad institucional. El saneamiento de las finanzas públicas no puede utilizarse como pretexto para desconocer derechos adquiridos ni para castigar a quienes cumplieron legalmente sus años de servicio.
Pero tampoco resulta responsable negar la magnitud del problema. Cada año, las pensiones absorben una proporción mayor de los presupuestos estatal y municipales. El envejecimiento de las plantillas, el crecimiento de las jubilaciones y la ausencia de reservas suficientes colocan a Morelos frente a una presión financiera que no desaparecerá por decreto ni mediante discursos tranquilizadores.
El registro desnuda la ruta
El gobierno estatal insiste en que la reforma pensionaria aún no ha sido presentada al Congreso. Jurídicamente es correcto. Sin embargo, administrativamente ya está reuniendo la materia prima necesaria para elaborarla. Primero se construye el censo; después se calcula el pasivo; enseguida se diseña el fondo y finalmente se presenta el Instituto.
El Registro Estatal de Pensiones es, en ese sentido, mucho más que una base de datos. Es el posible antecedente técnico del organismo que se viene discutiendo desde hace meses. Su conformación permitirá al Poder Ejecutivo saber cuántos recursos se requieren, qué instituciones cargan los mayores compromisos y dónde se encuentran los focos rojos.
Por eso resulta tan significativa la publicación de los 13 ayuntamientos incumplidos. No solamente omitieron entregar un informe laboral: están dejando incompleta la radiografía con la cual podría diseñarse el futuro sistema pensionario de Morelos. Si los datos faltan, cualquier estudio actuarial será parcial; si los cálculos son parciales, la reforma estará sustentada sobre cifras deficientes; y si el Instituto nace sobre cifras deficientes, los trabajadores y las finanzas públicas terminarán pagando las consecuencias.
El Instituto de Pensiones todavía no existe formalmente. No tiene ley, patrimonio ni estructura administrativa. Pero su antecedente ya está en marcha y depende, paradójicamente, de una información que 13 municipios se resisten a proporcionar. El organismo aún no lleva nombre oficial, pero sus planos comenzaron a dibujarse en las nóminas, los padrones y los cálculos actuariales que hoy exige el Poder Ejecutivo.
La discusión pública debe comenzar desde ahora, antes de que el proyecto llegue terminado al Congreso y se pretenda aprobar bajo presión. Los trabajadores tienen derecho a conocer qué se está diseñando; los ciudadanos, cuánto cuesta el sistema actual; y los gobiernos municipales, la obligación de abrir sus expedientes.
Porque en materia de pensiones, como tantas veces ha ocurrido en Morelos, lo verdaderamente peligroso no es únicamente lo que aparece en los decretos, sino aquello que comienza a construirse mientras la mayoría todavía no advierte su existencia.
