QUE EL GOBIERNO DEJE DE HACERLE PERDER EL TIEMPO A LA GENTE
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 9 de noviembre de 2026
En pleno siglo XXI, cuando la tecnología permite consultar información en segundos y compartir datos entre instituciones, resulta absurdo que miles de ciudadanos continúen peregrinando de ventanilla en ventanilla, cargando carpetas de documentos que el propio gobierno ya tiene en sus archivos. Actas de nacimiento, identificaciones, constancias y comprobantes se solicitan una y otra vez, como si cada dependencia fuera una isla incomunicada con las demás. Esta burocracia, además de anticuada, representa un costo económico y social enorme: horas de trabajo perdidas, gastos de transporte, largas filas y oportunidades desperdiciadas. Por eso merece especial reconocimiento la iniciativa presentada por la diputada Jazmín Solano López ante el Congreso de Morelos, cuyo propósito es tan elemental como trascendente: que ninguna autoridad vuelva a exigirle al ciudadano información que ya se encuentra en poder de la administración pública.
La propuesta de la legisladora por Temixco plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y la Ley de Transformación Digital de Morelos para incorporar dos principios fundamentales de la administración moderna: el de “Una sola vez” y el de interoperabilidad. El primero establece que los ciudadanos no deberían presentar repetidamente los mismos documentos; el segundo busca que las dependencias puedan intercambiar entre ellas la información necesaria, bajo reglas claras. Dicho de manera sencilla: si una oficina gubernamental ya dispone de determinado documento, ¿por qué obligar a una persona a conseguirlo nuevamente para entregarlo en otra? La iniciativa pretende corregir esa práctica que durante décadas ha convertido al ciudadano en mensajero gratuito de un aparato administrativo incapaz de comunicarse consigo mismo. Y eso, lejos de constituir una reforma menor, representa un cambio de filosofía en la relación entre gobernantes y gobernados.
Hay una dimensión especialmente importante que no debería pasar inadvertida: la burocracia golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen. Para una persona con recursos, conseguir una constancia adicional puede representar una molestia; para una madre trabajadora, un adulto mayor, una persona con discapacidad o un habitante de una comunidad alejada, puede significar perder el salario de un día, pagar varios traslados o renunciar temporalmente a un trámite indispensable. La simplificación administrativa no es, por tanto, un lujo tecnológico ni una ocurrencia legislativa: constituye una cuestión de justicia social. Desde esta perspectiva, Jazmín Solano ha puesto sobre la mesa una propuesta que merece el respaldo de empresarios, trabajadores, universidades, organizaciones civiles, colegios de profesionistas y autoridades municipales. La modernización gubernamental debe convertirse en una causa compartida por toda la sociedad morelense, más allá de colores partidistas o diferencias ideológicas.
Desde luego, aprobar una reforma legal no bastará para transformar automáticamente las prácticas administrativas. El verdadero desafío estará en construir sistemas compatibles, digitalizar archivos, capacitar servidores públicos, establecer responsabilidades y garantizar que el intercambio de información respete rigurosamente la privacidad y la protección de los datos personales. Tampoco se trata de permitir consultas indiscriminadas a expedientes confidenciales ni de excluir a quienes carecen de acceso a internet. La interoperabilidad deberá funcionar mediante mecanismos seguros, con finalidades específicas, controles verificables y alternativas presenciales para quienes las necesiten. Por ello, el Congreso tendría que acompañar esta iniciativa con disposiciones claras para su aplicación, plazos razonables y mecanismos de evaluación. De otra manera, correríamos el riesgo de incorporar principios modernos a nuestras leyes mientras las ventanillas continúan operando con las costumbres del siglo pasado.
Morelos tiene ante sí la oportunidad de dar un paso significativo hacia una administración pública verdaderamente orientada al servicio de las personas. La iniciativa de Jazmín Solano López merece un análisis serio, enriquecimiento técnico y, sobre todo, voluntad política para convertirla en una realidad. Sería deseable que todas las fuerzas representadas en el Congreso la respaldaran y que los gobiernos estatal y municipales asumieran el compromiso de hacerla funcionar. La tecnología no debe servir únicamente para presumir plataformas, inaugurar portales electrónicos o multiplicar discursos sobre innovación; su verdadera utilidad se mide en los problemas cotidianos que consigue resolver. Un gobierno moderno no es el que obliga al ciudadano a demostrar diez veces quién es, sino el que utiliza responsablemente la información que ya posee para atenderlo mejor. Si esta reforma logra materializar ese principio, Morelos habrá dado un paso importante para dejar atrás una de las expresiones más irritantes de la vieja burocracia.
