Securitización en Morelos: cuando el discurso de emergencia se vuelve rutina y los criminales siguen mandando

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 6 de agosto de 2026

En Morelos la inseguridad ya no es solo un problema de números que suben y bajan. Es, cada vez más, un ritual político. Mientras las cifras de homicidios, extorsiones y desapariciones oscilan con la misma imprevisibilidad de las temporadas de lluvias, las autoridades, los medios y buena parte de la opinión pública convierten casi cualquier episodio violento en una “amenaza existencial” que exige medidas extraordinarias. Ese proceso tiene nombre teórico: securitización. Y en el estado se ha vuelto tan cotidiano que ya casi nadie lo cuestiona.

La Escuela de Copenhague —Buzan, Wæver y De Wilde— explicó hace casi tres décadas que securitizar no consiste simplemente en reconocer una amenaza real. Consiste en un acto de habla exitoso: una autoridad legítima nombra algo como peligro existencial, reclama medidas de emergencia y logra que la audiencia acepte esa definición. Cuando eso ocurre, el asunto sale del terreno ordinario de las políticas públicas y entra en el de la excepción. Ya no se discute con los instrumentos normales de gobierno; se responde con operativos, estados de alerta, militarización o reformas urgentes. La seguridad, en este sentido, es un concepto negativo: señala la incapacidad de resolver el problema por vías cotidianas.

En Morelos ese mecanismo se activa con frecuencia. Cada pico de violencia, cada enfrentamiento entre grupos criminales, cada crisis de secuestros o de “cobro de piso” se presenta como una amenaza que justifica más elementos de la Guardia Nacional, más operativos especiales, más declaraciones de “tolerancia cero”. El problema no es que se responda con fuerza cuando hay violencia. El problema es que la respuesta se convirtió en el único lenguaje disponible. La politización de la seguridad avanza a tal punto que el debate público se reduce a quién securitiza mejor, quién suena más duro, quién promete más emergencia. Mientras tanto, los grupos criminales siguen haciendo de las suyas: controlan plazas, imponen reglas, negocian o disputan territorios con una lógica que parece impermeable a los discursos de urgencia.

Buzan advertía que los Estados pueden ser paranoicos (inventar amenazas) o complacientes (ignorar las reales). En Morelos se observa una mezcla perversa: se securitiza con intensidad retórica, pero se actúa con una eficacia limitada. El discurso de emergencia se repite, la audiencia lo acepta una y otra vez, y sin embargo la amenaza material —el poder territorial y económico de las organizaciones criminales— no se desactiva. La securitización se vuelve un recurso político de bajo costo y alto rendimiento mediático, mientras la desecuritización (devolver el problema al terreno de las políticas públicas ordinarias: prevención, justicia, desarrollo, inteligencia sostenida) parece cada vez más lejana.

El resultado es un círculo vicioso. Cuanto más se securitiza, más se naturaliza la idea de que solo la lógica de la excepción puede contener la violencia. Y cuanto más se naturaliza esa idea, menos se invierte en las herramientas ordinarias que, en teoría, deberían hacer innecesaria la emergencia permanente. Los criminales, que no necesitan legitimar sus actos de habla ante ninguna audiencia democrática, operan con una ventaja estructural: no dependen del consenso público para ejercer control.

La teoría de la securitización no dice que las amenazas deban ignorarse. Dice que conviene distinguir entre la amenaza material y la construcción política de esa amenaza. En Morelos esa distinción luce borrosa. Mientras el discurso de la urgencia se vuelve el paisaje habitual, los grupos criminales continúan su trabajo diario.

La pregunta que queda abierta no es si se necesita más seguridad. Es si la securitización permanente no se ha convertido, paradójicamente, en una forma sofisticada de eludir la responsabilidad de gobernar el problema con los instrumentos normales de un Estado que todavía pretende ser democrático.