LA FRENÉTICA MANO DEL TUJA Y EL COSTO DE LA INESTABILIDAD EN MORELOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 15 de junio de 2026
El Tribunal Unitario de Justicia Administrativa (TUJA) de Morelos ha asumido una postura de rigor formal que, en los hechos, roza lo desproporcionado. Recientemente ordenó la destitución e inhabilitación por hasta un año de los alcaldes Enrique Alonso Plascencia, de Tlaquiltenango, y José Carlos Jiménez Ponciano, de Xoxocotla, por incumplir sentencias relacionadas con pagos de laudos laborales, muchos de ellos añejos y heredados de administraciones anteriores.
Esta decisión, emitida por el pleno de magistrados, traslada la responsabilidad al Congreso local, que debe analizar si procede la remoción. Sin embargo, el Legislativo ha sido claro: no se procederá a destituciones sin estricto apego al debido proceso, priorizando la estabilidad política y social en un estado ya golpeado por tensiones internas. A lo anterior se suma una nueva destitución: la del presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, una de varias localidades empobrecidas de nuestra entidad.
La insistencia del TUJA en estos casos revive un patrón preocupante. No es la primera vez: en 2024 ya se había solicitado la destitución de alcaldes de Tlaquiltenango, Jonacatepec, Ocuituco y Zacatepec por incumplimientos similares en pagos a ex trabajadores, policías y pensiones.
Aplicar la ley con severidad es loable, pero cuando se hace de manera frenética sobre asuntos viejos, sin considerar el contexto fiscal de municipios con presupuestos limitados y heredando deudas, genera más ruido que justicia.
Los contribuyentes terminan pagando el costo doble: primero los laudos y ahora los procesos políticos que desestabilizan ayuntamientos enteros, con el riesgo de dejar comunidades sin autoridad electa.
Es innegable que los alcaldes deben cumplir las resoluciones judiciales; el desacato erosiona el Estado de derecho. Pero también es cierto que detrás de muchos de estos expedientes hay redes de abogados venales y ex trabajadores que litigan de manera estratégica, confiando en que la presión judicial fuerce pagos o remociones. El TUJA cumple su rol al exigir cumplimiento, pero su activismo actual parece desconectado de la realidad morelense, donde la inestabilidad puede traducirse en mayor conflictividad social y parálisis administrativa.
El Congreso actúa con prudencia al frenar ejecuciones sumarias. Al final, Morelos necesita magistrados sensatos y no solo estrictos. La justicia administrativa no puede convertirse en un mecanismo que, bajo pretexto de legalidad, termine siendo más caro y disruptivo que los problemas que pretende resolver.
La decisión legislativa de no avanzar sin garantías plenas es un acierto: prioriza la gobernabilidad sin ignorar la ley. Ojalá el TUJA reflexione y calibre mejor sus sentencias en un contexto donde la estabilidad no es un lujo, sino una necesidad urgente.
