SUELDOS DE PRIMER MUNDO, RESULTADOS DE TERCERA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 26 de agosto de 2026
Hace muchos años, cuando Rogelio Ramírez de la O era director de la consultora Ecanal —mucho antes de convertirse en secretario de Hacienda— escribió sobre los elevados salarios de la administración pública mexicana. Comparaba lo que cobraban ciertos funcionarios con las remuneraciones de altos ejecutivos de empresas privadas. La diferencia resultaba ofensiva porque, mientras el empresario debe invertir, competir, vender y producir para sobrevivir, una parte de la burocracia puede disfrutar de grandes sueldos y generosas prestaciones sin que sus ingresos dependan de resultados verificables. Han pasado los años, cambiaron los gobiernos y llegó la proclamada austeridad republicana, pero el problema continúa.
El sector público cumple funciones indispensables. Nadie podría considerar improductivo el trabajo de un médico, una enfermera, un maestro, un policía o un trabajador que mantiene en operación los servicios básicos. Sin embargo, una plaza pública se vuelve improductiva cuando no genera un beneficio social equivalente a su costo: cuando paga favores políticos, reproduce funciones, sostiene asesores innecesarios, protege aviadores o conserva funcionarios cuya permanencia depende de sus relaciones y no de su desempeño. En la iniciativa privada, una nómina inflada puede provocar la quiebra; en el gobierno se mantiene con impuestos, participaciones y deuda. La cuenta siempre termina en manos de los ciudadanos.
En Morelos, la distancia entre ambos mundos resulta todavía más irritante. Mientras numerosos trabajadores privados sobreviven con bajos salarios, incertidumbre laboral y el aguinaldo mínimo establecido por la ley, buena parte de la burocracia tiene derecho a 90 días de aguinaldo, además de otras prestaciones. Es necesario precisar que la legislación excluye de esa prerrogativa a diversos altos funcionarios y representantes populares; pero algunos reciben estímulos, compensaciones, viáticos, vehículos, seguros y apoyos que terminan elevando considerablemente el costo real de sus cargos. Por eso, el salario declarado casi nunca cuenta toda la historia.
El problema adquiere una dimensión económica cuando el gobierno comienza a convertirse en el empleador más atractivo de una entidad cuyo sector privado se encuentra debilitado. En lugar de aspirar a crear una empresa, innovar o competir, muchas personas buscan una plaza, una asesoría, una compensación o un espacio en la nómina. Así se forma una economía dependiente del presupuesto: profesionistas convertidos en solicitantes de cargos, compañías dedicadas a perseguir contratos y grupos políticos que reparten puestos como recompensas. No se crea riqueza; se distribuyen recursos generados por otros.
La obra pública debería romper ese círculo porque puede producir infraestructura, contratar trabajadores y activar proveedores locales. Pero en Morelos abundan los anuncios que no llegan a convertirse en máquinas, empleos ni cemento. Los proyectos se presentan, se posponen y se vuelven a anunciar, mientras la industria de la construcción permanece contraída. Y cuando alguna obra finalmente comienza, no siempre beneficia a las empresas morelenses: los grandes contratos pueden quedar en manos de constructoras foráneas (a veces vinculadas a personajes de la 4T), cuyas utilidades, proveedores especializados y empleos mejor pagados se encuentran fuera del estado. A Morelos le quedan trabajos temporales y la fotografía inaugural.
La nueva visita de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve oportuno exigir algo más que discursos y promesas. Cada proyecto anunciado para Morelos debería acompañarse de cinco datos elementales: presupuesto autorizado, fuente del dinero, empresa responsable, fecha de inicio y avance físico comprobable. Una obra mencionada en un templete no es inversión; una maqueta tampoco genera empleo y un convenio no equivale a una carretera, un hospital o un sistema de agua terminado. Mientras esos datos no existan, los anuncios seguirán siendo, como tantas veces ocurre, pura saliva.
El fondo del problema no es que un servidor público gane bien. El Estado necesita profesionales capaces y debe remunerarlos dignamente. Lo intolerable es que existan sueldos de primer mundo para funcionarios que entregan resultados de tercera, particularmente en una entidad golpeada por la inseguridad, la informalidad, la falta de inversión y la precariedad laboral. Si la sociedad que sostiene al gobierno se empobrece mientras la burocracia conserva sus privilegios, algo está profundamente trastocado: el aparato público deja de servir a la economía y la economía termina trabajando para mantener al aparato público.
