2027 BAJO AMENAZA: EL CRIMEN VUELVE A RONDAR LA POLÍTICA EN MORELOS
Todavía faltan meses para que la competencia electoral de 2027 alcance su etapa decisiva, pero la violencia contra personajes vinculados con la política comienza a encender luces de alarma en Morelos. Asesinatos y ataques registrados recientemente en distintos municipios obligan a preguntarse si estamos frente a acontecimientos aislados o ante las primeras manifestaciones de una disputa en la que grupos criminales pretenden influir en quién puede participar, competir y, eventualmente, gobernar determinadas regiones del estado.
Los acontecimientos recientes justifican la preocupación. En menos de dos meses se han registrado episodios graves en Temoac, Yautepec y la región de Mazatepec-Coatlán del Río, con víctimas mortales, personas heridas y actores políticos involucrados en investigaciones judiciales. El problema trasciende las filiaciones partidistas: cuando la violencia alcanza alcaldes, aspirantes, excandidatos o integrantes de los ayuntamientos, lo que comienza a ponerse en riesgo no es solamente la seguridad de determinados personajes, sino la libertad misma de la competencia política.
Morelos, además, ya conoce esta historia. Basta recordar aquel estremecedor video del entonces alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, sometido por hombres encapuchados y armados presuntamente enviados por Santiago Mazari, “El Carrete”, líder de Los Rojos. La grabación, realizada en diciembre de 2015 y difundida públicamente en 2017, mostró al edil obligado a arrodillarse mientras le exigían cinco millones de pesos y la incorporación al Ayuntamiento de una persona que serviría como enlace con el grupo criminal. Toledo aseguró posteriormente que otros presidentes municipales habían sufrido presiones semejantes. Aquel episodio mostró crudamente algo que hoy no debería olvidarse: el crimen organizado no siempre busca sustituir al gobierno; también puede intentar utilizarlo.
Por eso los ataques recientes merecen investigarse con una perspectiva que vaya más allá de resolver cada expediente individualmente. Corresponde a la Fiscalía determinar los móviles y responsabilidades de cada caso, sin anticipar conclusiones; pero las autoridades estatales y electorales deberían comenzar desde ahora a identificar municipios donde coincidan violencia, extorsión, disputas políticas, presencia de organizaciones criminales y antecedentes de agresiones contra funcionarios o aspirantes. Esperar al inicio formal de las campañas podría significar llegar demasiado tarde.
La elección de 2027 no solamente deberá garantizar casillas, boletas y condiciones para que los ciudadanos voten. El verdadero desafío comenzará mucho antes: asegurar que nadie sea amenazado, extorsionado, desplazado o asesinado para impedirle competir, y que ningún grupo criminal tenga capacidad para decidir candidatos, controlar ayuntamientos o apropiarse de presupuestos públicos. Morelos ya vio hace una década a un alcalde arrodillado frente a hombres armados que pretendían imponer condiciones al gobierno municipal. La pregunta inquietante es si aquella imagen pertenece verdaderamente al pasado o si, bajo nuevas formas y protagonistas, estamos comenzando a verla repetirse rumbo a 2027.
