EL BOQUETE QUE NUNCA CIERRA: LA UAEM VUELVE A PEDIR RESCATE PARA SOBREVIVIR A DICIEMBRE
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 31 de agosto de 2026
La presencia de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández en la Cámara de Diputados, el pasado 26 de agosto, no fue una visita protocolaria más. La titular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos llegó a San Lázaro acompañada por dirigentes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y representantes de otras 34 universidades públicas estatales para entregar sus estados financieros auditados de 2025, pero también para colocar sobre la mesa una advertencia: las instituciones han ampliado su matrícula y obligaciones mientras sus presupuestos permanecen estancados; en el caso de la UAEM, el faltante para terminar 2026 se calcula entre 270 y 300 millones de pesos. Es el mismo boquete que reaparece cada fin de año y obliga a solicitar un nuevo salvamento federal y estatal.
El acto se realizó en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación. Participaron rectoras y rectores de las 35 universidades públicas estatales afiliadas a la ANUIES, además de su secretario general ejecutivo, Luis Armando González Placencia.
Viridiana León no acudió solamente como rectora de la UAEM. Lo hizo también en su calidad de presidenta del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES, posición desde la cual representa los intereses de instituciones públicas de varias entidades.
Entre quienes participaron estuvieron Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente del Consejo Regional Noroeste; Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y representante de la Región Noreste; Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo y presidenta de la Región Sur-Sureste, así como autoridades de universidades de Guanajuato, Nayarit, Guerrero y otras entidades.
La reunión tuvo como propósito formal entregar los Estados Financieros Auditados y los Informes de Avances Académicos correspondientes al ejercicio 2025. Sin embargo, el mensaje de fondo fue presupuestal. La ANUIES advirtió que las universidades públicas estatales han acumulado pérdidas superiores a 50 mil millones de pesos por la reducción real de recursos desde 2019 y solicitará un incremento de 8 por ciento para 2027.
Viridiana León concentró su intervención en uno de los pasivos más delicados: las pensiones y jubilaciones. Pidió construir sistemas financieramente sostenibles más allá de los ciclos demográficos, con transparencia y trazabilidad de los recursos.
El planteamiento toca directamente a la UAEM, donde alrededor de 20 por ciento del presupuesto anual ya se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Conforme aumenta el número de trabajadores retirados, disminuye el margen para nómina activa, mantenimiento, infraestructura, investigación y crecimiento académico.
UN DÉFICIT QUE YA SE VOLVIÓ COSTUMBRE
La rectora ha reconocido públicamente que la UAEM necesita entre 270 y 300 millones de pesos adicionales para concluir 2026. Ese dinero se requiere principalmente para cubrir aguinaldos y prestaciones de fin de año de aproximadamente seis mil trabajadores académicos y administrativos.
El faltante no apareció este año. En diciembre de 2024, los gobiernos federal y estatal tuvieron que aportar 272 millones de pesos para garantizar el pago de las prestaciones. La Federación entregó 136 millones y el Gobierno de Morelos una cantidad idéntica.
Un año después volvió a suceder. En diciembre de 2025, el Gobierno federal autorizó otros 270 millones de pesos para pagar aguinaldos, luego de protestas e inconformidad sindical por la incertidumbre financiera.
Para 2026, la historia amenaza con repetirse por tercera ocasión durante la administración de Viridiana León. La cantidad calculada vuelve a ubicarse entre 270 y 300 millones.
La recurrencia obliga a formular una pregunta elemental: si desde enero se sabe que el presupuesto no alcanzará para diciembre, ¿se trata realmente de una emergencia o de un déficit estructural deliberadamente pospuesto?
Un rescate extraordinario puede justificarse frente a una contingencia. Cuando el auxilio se solicita todos los años, deja de ser extraordinario y se convierte en parte no reconocida del presupuesto ordinario.
LA CATORCENA QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
La fragilidad financiera quedó nuevamente expuesta el 29 de enero de 2025, cuando el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM amenazó con realizar un paro de labores y manifestarse en la Ciudad de México por el retraso en el pago de una catorcena.
Mientras la rectora acudía a la Secretaría de Educación Pública para gestionar recursos, la gobernadora Margarita González Saravia anunció que el Ejecutivo estatal buscaría una salida para cubrir los salarios.
El episodio se resolvió, pero mostró la estrechez con la que opera la Universidad. Cuando una institución con miles de estudiantes, trabajadores, investigadores y jubilados depende de gestiones políticas para cubrir una nómina ordinaria, su problema ya no puede considerarse únicamente contable.
La amenaza de suspensión de clases, protestas sindicales y movilizaciones convierte cada cierre de año en un asunto de gobernabilidad. El Gobierno estatal termina interviniendo no sólo para apoyar a la Universidad, sino para evitar que el conflicto escale hacia las calles.
CRECER SIN DINERO SUFICIENTE
Una de las explicaciones más repetidas por las autoridades universitarias es el crecimiento acelerado de la matrícula sin un aumento proporcional en el subsidio.
El proceso se profundizó durante el rectorado de Alejandro Vera Jiménez, iniciado en 2012. La UAEM abrió nuevas escuelas, sedes regionales y programas educativos, al tiempo que aumentó la contratación de personal académico y administrativo.
La expansión permitió llevar estudios universitarios a municipios y sectores que históricamente habían tenido dificultades para acceder a la educación superior. Desde el punto de vista social, el crecimiento era defendible. Financieramente, sin embargo, no contó con un respaldo suficiente.
Viridiana León sostiene que el déficit histórico puede rastrearse, cuando menos, hasta 2016, cuando la matrícula prácticamente se duplicó, mientras el subsidio no creció en la misma proporción. Parte de las plazas y programas abiertos tampoco fueron reconocidos plenamente por la Secretaría de Educación Pública, lo que significa que la Universidad asumió obligaciones permanentes sin contar con una fuente igualmente permanente para financiarlas.
La UAEM comenzó a gastar cada año más de lo que recibía. Para pagar compromisos inmediatos fue posponiendo otros: cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit, obligaciones fiscales, mantenimiento e inversión.
Así se formó una deuda que durante sus peores momentos superó los mil millones de pesos con organismos como el IMSS, el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria. La Universidad ha pagado o reestructurado una parte de esos pasivos, pero todavía no consigue recuperar un equilibrio permanente.
EL PRESUPUESTO ESTATAL SUBIÓ, PERO EL BOQUETE PERMANECIÓ
Durante años, la Constitución de Morelos obligó al Gobierno estatal a entregar a la UAEM cuando menos 2.5 por ciento del presupuesto total del estado. La Universidad sostuvo que, en distintos ejercicios, ese porcentaje fue calculado sobre bases presupuestales inferiores a las realmente aprobadas por el Congreso.
En 2023, el Congreso local reformó la Constitución y elevó la asignación mínima de 2.5 a 3.5 por ciento. El cambio representó un aumento considerable.
La aportación estatal pasó de aproximadamente 685.6 millones de pesos en 2022 a 889.5 millones en 2023. Para 2024 alcanzó alrededor de mil 147 millones de pesos. El incremento alivió parcialmente la presión y permitió atender pasivos, pero no eliminó el faltante anual.
La explicación está en la composición del gasto. Una parte abrumadora de los recursos se destina a salarios, prestaciones, pensiones y jubilaciones. Queda poco margen para infraestructura, laboratorios, bibliotecas, investigación, seguridad, nuevos programas o mantenimiento.
Aumentar el subsidio estatal fue necesario, pero no bastó para corregir compromisos acumulados durante años.
LA SOMBRA DE LA ESTAFA MAESTRA
Cualquier reconstrucción de la crisis financiera de la UAEM estaría incompleta sin revisar el rectorado de Alejandro Vera Jiménez, ejercido de 2012 hasta su renuncia en diciembre de 2017.
Durante esa administración, la Universidad participó en convenios celebrados con dependencias federales dentro del mecanismo conocido como la Estafa Maestra. El esquema consistía en que instituciones gubernamentales contrataban universidades públicas para realizar diversos servicios sin licitación; posteriormente, las universidades subcontrataban empresas, algunas de las cuales resultaron inexistentes o sin capacidad para cumplir los trabajos.
La Auditoría Superior de la Federación documentó que la UAEM transfirió recursos a terceros sin acreditar suficientemente la realización de los servicios. Uno de los expedientes más conocidos involucró aproximadamente 239.3 millones de pesos relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Según las investigaciones, buena parte del dinero fue transferida a una empresa que no pudo ser localizada.
El caso dañó severamente la credibilidad de la Universidad. Una institución creada para educar, investigar y formar profesionales terminó señalada como intermediaria en un esquema nacional de desvío de recursos públicos.
No obstante, la situación jurídica de Alejandro Vera debe explicarse con precisión. En noviembre de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República y trasladado al penal federal de El Altiplano. Permaneció encarcelado aproximadamente seis meses, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 29 de mayo de 2026 recuperó su libertad después de que un tribunal federal revocó la vinculación a proceso. El órgano jurisdiccional determinó que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para llevarlo a juicio por delincuencia organizada; la acusación de lavado de dinero tampoco prosperó.
La resolución dictó la no vinculación, aunque precisó que no tenía efectos de sobreseimiento definitivo. Por tanto, Alejandro Vera ya no está prófugo ni puede ser presentado como penalmente culpable de esos delitos. Lo que sí permanece son las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los convenios cuestionados, las transferencias a empresas y el daño institucional provocado a la UAEM.
La responsabilidad penal de una persona y la responsabilidad administrativa o política de una gestión son planos diferentes. Que una acusación penal no haya prosperado no convierte en transparentes las operaciones documentadas por los órganos fiscalizadores.
TRANSPARENCIA: LA CONDICIÓN PARA PEDIR MÁS
La visita de Viridiana León a la Cámara de Diputados tiene un significado adicional. La UAEM acudió a solicitar mayor comprensión presupuestal, pero lo hizo entregando sus estados financieros auditados y resultados académicos.
Ese orden es fundamental: primero rendir cuentas y después pedir más dinero.
Durante décadas, la autonomía universitaria fue utilizada en algunas instituciones como argumento para resistirse a la fiscalización. Pero la autonomía no significa opacidad ni exención de responsabilidades. Los recursos de la UAEM provienen de los contribuyentes y deben ser revisados como cualquier otro fondo público.
La actual administración ha buscado deslindarse de los escándalos anteriores mediante auditorías, políticas de austeridad y presentación de informes. Sin embargo, la transparencia no debe limitarse a entregar carpetas en San Lázaro. La comunidad morelense necesita conocer de manera sencilla:
Cuánto recibe anualmente la UAEM.
Cuánto destina a nómina.
Cuánto paga en pensiones y jubilaciones.
Cuántas plazas reconoce la SEP y cuántas financia únicamente la Universidad.
Cuánto debe todavía al IMSS, al Infonavit y al SAT.
Cuánto cuesta cada programa académico.
Qué resultados han producido las medidas de austeridad.
Por qué el faltante anual permanece prácticamente sin cambios.
Sin esa información, cada rescate corre el riesgo de convertirse en un cheque para posponer el problema hasta el siguiente diciembre.
LA UAEM NO PUEDE VIVIR DE SALVAMENTOS
La solución no consiste simplemente en negar recursos. Una interrupción financiera afectaría directamente a miles de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y jubilados. La UAEM es la principal institución pública de educación superior del estado y representa una pieza fundamental para la movilidad social, la investigación y la formación profesional.
Pero tampoco es sostenible seguir esperando que la Federación y el Gobierno estatal improvisen cada diciembre una ampliación de 270 o 300 millones de pesos.
La salida requiere varias decisiones simultáneas: reconocer presupuestalmente las plazas y programas creados durante la expansión; construir un fondo sostenible para pensiones y jubilaciones; renegociar pasivos; revisar estructuras administrativas; eliminar duplicidades; generar ingresos propios bajo reglas transparentes y negociar con los sindicatos modificaciones que protejan derechos laborales sin llevar a la institución a la insolvencia.
También se necesita planeación multianual. Si el faltante es conocido y recurrente, debe incorporarse desde el inicio del ejercicio a un programa de saneamiento, con aportaciones federales, estatales y universitarias condicionadas al cumplimiento de metas verificables.
La UAEM no puede seguir atrapada entre dos discursos igualmente incompletos. Uno afirma que todo se debe a la insuficiencia del subsidio; el otro atribuye toda la crisis a la corrupción y al exceso de trabajadores. La realidad combina ambos factores: la Universidad recibió menos recursos de los requeridos para sostener su crecimiento, pero también tomó decisiones, acumuló obligaciones y participó en operaciones que agravaron su desorden y dañaron su credibilidad.
La rectora Viridiana León acudió a San Lázaro para hablar de transparencia, pensiones y presupuesto. Pronto deberá volver a tocar las puertas de la Federación y del Gobierno de Morelos para conseguir entre 270 y 300 millones de pesos.
Si los obtiene, la UAEM podrá pagar aguinaldos y cerrar 2026. Pero eso no significará que la crisis quedó resuelta. Únicamente significará que se compró otro año.
El verdadero rescate no será el que permita llegar al próximo enero, sino el que consiga que la Universidad deje de quebrar, puntualmente, cada diciembre.
