DE TETLAMA AL “CERRO DE BASURA” DE CHIPITLÁN: CUERNAVACA VUELVE A CAMINAR AL BORDE DE OTRA CRISIS SANITARIA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 31 de agosto de 2026
La intervención del Gobierno de Morelos en un predio de la avenida Estado de Puebla, donde durante años funcionó el conocido centro de transferencia de residuos de Cuernavaca, no constituye un incidente ambiental aislado: es el capítulo más reciente de una historia iniciada hace más de dos décadas, cuando la capital perdió el control sobre el destino de su basura y terminó, en septiembre de 2006, con miles de toneladas de desechos amontonadas en sus calles. El cierre del sitio de Chipitlán, la violación de los sellos de suspensión y la ausencia de alternativas públicas suficientes vuelven a encender una advertencia: si el sistema actual se interrumpe por razones ambientales, contractuales, financieras o sociales, Cuernavaca podría quedar nuevamente a las puertas de una crisis sanitaria.
El 22 de julio de 2021, La Crónica de Morelos reconstruyó el origen político y empresarial de aquella debacle. El análisis, publicado bajo el título “De nuevo, el negocio de la basura en Cuernavaca y los grandes intereses”, documentó que la emergencia de 2006 no surgió de un día para otro. Fue resultado de advertencias ignoradas, decisiones aplazadas, proyectos fallidos y una creciente dependencia de empresas privadas para realizar una de las funciones más elementales de cualquier ayuntamiento.
Cinco años después de aquella publicación y veinte después de la gran crisis, el problema reaparece bajo otra forma. Ya no existen, por ahora, montañas de bolsas negras frente a comercios, escuelas y viviendas; pero sí apareció un cerro de residuos en un predio de la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona de Chipitlán. Y nuevamente están presentes los mismos ingredientes: intereses económicos, omisiones municipales, denuncias vecinales, instalaciones cuestionadas y una ciudad sin un sistema público alternativo para enfrentar cualquier interrupción.
LA CRISIS ANUNCIADA DESDE 2005
En marzo de 2005, la entonces Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno federal publicó el estudio “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”. Al analizar el caso de Cuernavaca, advirtió que los problemas de infraestructura relacionados con los residuos sólidos habían rebasado la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.
La advertencia no fue menor. Desde ese momento resultaba evidente que el municipio carecía de instalaciones, vehículos, planeación y capacidad financiera suficientes para garantizar la recolección, transferencia y disposición final de cientos de toneladas de basura producidas diariamente.
En julio del mismo año, la Comisión Metropolitana para el Desarrollo Ambiental, integrada por los ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, acordó cerrar el tiradero de Tetlama a más tardar en diciembre de 2005. La decisión fue impulsada desde la entonces Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, la desaparecida CEAMA.
El alcalde de Cuernavaca, Adrián Rivera Pérez, conocía por tanto que Tetlama tenía los días contados. No podía alegar sorpresa.
Hubo una propuesta para construir una segunda celda en el relleno sanitario de Cuautla. El entonces alcalde Arturo Cruz Mendoza planteó que las autoridades estatales y municipales aportaran ocho millones de pesos para recibir temporalmente los residuos de la capital. La propuesta fue rechazada.
Cuernavaca también intentó utilizar un predio en Yecapixtla, pero el proyecto terminó envuelto en protestas, acusaciones de favoritismo y señalamientos sobre un posible negocio entre personajes políticamente cercanos.
Adrián Rivera solicitó después un crédito por 80 millones de pesos: 60 millones para construir un relleno sanitario y 20 millones para rehabilitar el sistema de recolección, transporte y confinamiento. El financiamiento necesitaba la autorización del Cabildo y del Congreso de Morelos. Tampoco prosperó.
Las alternativas fueron cayendo una tras otra, mientras la fecha de cierre de Tetlama se acercaba.
SEPTIEMBRE DE 2006: LA BASURA TOMÓ LAS CALLES
La crisis terminó por estallar durante la administración sustituta de Norma Alicia Popoca Sotelo, cuando se cerró “El Socavón” de Tetlama. Sin un destino final disponible, los residuos comenzaron a acumularse en calles, avenidas, mercados y espacios públicos.
Quienes vivieron aquel episodio todavía recuerdan las montañas de bolsas negras en la calle Nueva Inglaterra, junto a Home Depot, y en numerosos puntos de la capital. Los olores, lixiviados, perros, ratas, insectos y desechos expuestos convirtieron a Cuernavaca en una emergencia sanitaria.
Las imágenes dieron la vuelta al país y fueron relacionadas internacionalmente con crisis similares registradas entonces en ciudades italianas, aunque sus causas fueran distintas. La llamada Ciudad de la Eterna Primavera quedó convertida en una ciudad tapizada de desperdicios.
Al asumir la presidencia municipal en noviembre de 2006, Jesús Giles Sánchez buscó resolver la emergencia mediante la concesión integral del servicio a Promotora Ambiental, PASA. La empresa recibió la recolección, el traslado y el manejo de los residuos, mientras el Ayuntamiento vendió parte de su capacidad operativa y quedó atado a un modelo privatizado.
Con ello se resolvió la emergencia inmediata, pero nació otro problema: el servicio de limpia se convirtió en una fuente permanente de disputas contractuales, adeudos, litigios y confrontaciones políticas.
DE PASA A SIREC Y DESPUÉS A TRIDEZA
La relación con PASA se rompió durante la presidencia municipal de Manuel Martínez Garrigós. El Ayuntamiento dejó de cubrir pagos y la empresa suspendió servicios reclamando adeudos millonarios. La terminación anticipada del contrato produjo litigios que se prolongaron durante años y cuyas consecuencias financieras alcanzaron a gobiernos posteriores.
En ese contexto surgió SIREC, integrado por empresarios locales encabezados por Daniel Miranda. Durante la administración de Jorge Morales Barud se encargó de la recolección, traslado y confinamiento de los residuos. La relación volvió a caracterizarse por la acumulación de adeudos municipales y la dependencia del Ayuntamiento frente a un prestador privado.
El centro de transferencia ubicado sobre avenida Estado de Puebla, identificado indistintamente con las colonias El Polvorín, Lázaro Cárdenas y la zona de Chipitlán, se convirtió en una instalación esencial. Ahí llegaban los vehículos recolectores y los residuos eran concentrados antes de ser transportados hacia el destino final.
La instalación fue presentada durante años como una solución operativa. Sin embargo, para los vecinos se transformó paulatinamente en un foco de contaminación, malos olores, fauna nociva y acumulación de desechos.
SIREC evolucionó posteriormente hacia el grupo identificado como Comercializadora Trideza, empresa que también asumió la operación del relleno sanitario de Loma de Mejía.
Así se configuró el sistema que, con modificaciones empresariales y contractuales, continúa vigente: recolección en las colonias, traslado a un punto de concentración y disposición final en un relleno operado por particulares.
LOMA DE MEJÍA: EL DESTINO FINAL ACTUAL
Cuernavaca continúa dependiendo de Comercializadora Trideza para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de sus residuos sólidos. El Ayuntamiento le adjudicó un nuevo contrato con vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.
Aunque dos empresas adquirieron las bases de la licitación, Trideza fue la única que presentó una propuesta técnica y económica. El Comité de Adquisiciones determinó que cumplía los requisitos y le otorgó el servicio completo.
La información pública disponible señala a Loma de Mejía, en el ejido de San Antón, como el sitio de disposición final de los residuos de la capital. Trideza es la empresa responsable de su operación. En 2021, la compañía anunció que el relleno tendría capacidad para recibir hasta 2.5 millones de toneladas y sostuvo que contaba con geomembranas, manejo de lixiviados y autorizaciones ambientales.
Desde su reapertura, sin embargo, Loma de Mejía ha enfrentado oposición de vecinos, ejidatarios, ambientalistas e investigadores, quienes advierten sobre posibles riesgos para los mantos acuíferos y cuestionan el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083.
La controversia no es secundaria. Cuernavaca deposita sus residuos en un sitio cuya operación ha provocado protestas, bloqueos y exigencias de clausura. Si el acceso a Loma de Mejía fuera suspendido por una resolución ambiental, un conflicto social o una disputa contractual, la capital tendría dificultades inmediatas para encontrar otro destino.
EL CENTRO DE TRANSFERENCIA TERMINÓ CONVERTIDO EN TIRADERO
La reciente intervención de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la PROPAEM se originó por una denuncia presentada el 3 de febrero de 2026 contra el predio de la avenida Estado de Puebla.
Después de una inspección realizada el 13 de marzo, la autoridad ambiental determinó el 17 de ese mes la suspensión total de actividades y colocó sellos. Sin embargo, en una nueva visita efectuada el 19 de agosto se descubrió que los sellos habían sido rotos y las operaciones habían continuado.
La PROPAEM volvió a suspender las actividades, aseguró los accesos y anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía de Morelos. El secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, aseguró que se buscará aplicar la sanción más alta permitida por la ley y obligar a los responsables a restaurar el terreno.
Su descripción revela la magnitud del problema:
“Ese cerro de residuos no puede quedarse ahí; tiene que restaurarse el lugar”.
La expresión resulta significativa. Un centro de transferencia no debe convertirse en destino final. Su función consiste en recibir temporalmente los residuos, compactarlos o trasladarlos hacia vehículos de mayor capacidad y enviarlos a un sitio autorizado. Cuando la basura permanece indefinidamente, se acumula y forma montículos, la transferencia deja de ser temporal y el predio se transforma en un tiradero.
La intervención estatal confirmó que el sitio estaba siendo utilizado para la disposición irregular de residuos. También exhibió algo más grave: una determinación de la autoridad fue violada mediante el rompimiento de los sellos.
El propio secretario reconoció que una camioneta del Gobierno estatal fue fotografiada depositando residuos en el predio. El servidor público responsable fue separado del cargo desde el 31 de marzo, de acuerdo con la versión oficial.
¿ES EL MISMO CENTRO DENUNCIADO DURANTE AÑOS?
Los datos disponibles permiten establecer que el predio intervenido se ubica sobre avenida Estado de Puebla, en la colonia Lázaro Cárdenas, dentro de la misma zona donde históricamente operó el centro de transferencia conocido como El Polvorín o Chipitlán.
Existe, sin embargo, una diferencia jurídica importante. Durante años, las empresas y el Ayuntamiento lo identificaron como centro de transferencia. La PROPAEM se refiere ahora al terreno inspeccionado como un predio utilizado para la “disposición irregular de residuos”.
La investigación administrativa deberá precisar si se trata exactamente del área autorizada originalmente, de una ampliación irregular, de un terreno contiguo o de una instalación cuya operación cambió sin los permisos correspondientes.
Para los vecinos, la distinción administrativa importa poco: durante años padecieron olores, moscas, roedores, escurrimientos y montañas de basura. Sus denuncias permiten concluir que el problema no apareció en febrero de 2026. Lo nuevo fue que una autoridad estatal finalmente decidió intervenir.
Además, habitantes de la zona advirtieron sobre la existencia de otro punto de acumulación cerca de la unidad habitacional La Cañada. Si la denuncia es correcta, cerrar un terreno podría simplemente desplazar los residuos unos metros y reproducir el foco de infección.
EL RIESGO DE OTRA CRISIS
Cuernavaca genera diariamente varios cientos de toneladas de residuos. Cálculos municipales difundidos en años anteriores colocaron el volumen alrededor de 480 toneladas por día. Toda esa basura debe ser recolectada, concentrada, transportada y depositada sin interrupción.
El sistema actual depende principalmente de una sola empresa y de un destino final cuestionado. El Ayuntamiento no dispone de una flotilla, infraestructura y relleno propios capaces de sustituir inmediatamente al prestador contratado.
Ahí radica el riesgo.
Si la clausura del predio de Estado de Puebla afecta la logística de transferencia; si Loma de Mejía enfrenta un bloqueo o una suspensión; si surge una disputa por pagos; si aparecen nuevas resoluciones ambientales o si la empresa deja de prestar el servicio, Cuernavaca podría volver a encontrarse sin un lugar donde colocar cientos de toneladas diarias.
En 2006, las autoridades conocían con meses de anticipación que Tetlama sería cerrado y no prepararon una alternativa. Veinte años después, la capital vuelve a depender de instalaciones vulnerables a conflictos ambientales, jurídicos, empresariales y comunitarios.
El peligro no consiste únicamente en que aparezcan bolsas en las calles. La acumulación de residuos provoca lixiviados, contaminación del suelo y del agua, proliferación de ratas y moscas, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, incendios y liberación de gases.
Una ciudad puede soportar temporalmente baches, trámites lentos o alumbrado deficiente. Lo que no puede soportar durante muchos días es la interrupción total de la recolección de basura.
LA BASURA SIGUE SIENDO NEGOCIO; EL RIESGO SIGUE SIENDO PÚBLICO
Desde 2005, cada administración municipal ha presentado su contrato o empresa como la solución definitiva. Sin embargo, los nombres han cambiado mientras el modelo permanece: PASA, SIREC, KS Ambiental y Trideza han formado parte de una larga cadena de concesiones, subcontrataciones, adeudos, litigios y disputas.
Las ganancias son privadas, los contratos se pagan con recursos públicos y, cuando el sistema falla, los desperdicios terminan frente a las casas de los ciudadanos.
La intervención de la PROPAEM en Chipitlán es positiva, pero resultará insuficiente si se limita a colocar sellos. El “cerro de residuos” deberá retirarse, el suelo tendrá que ser restaurado y deberá aclararse quién permitió la acumulación, quién operaba el predio, qué residuos fueron depositados, durante cuánto tiempo y bajo qué autorizaciones.
El Ayuntamiento también debe informar con precisión cuál será el nuevo punto de transferencia, qué capacidad tiene, qué permisos lo respaldan y qué protocolo aplicará si Loma de Mejía deja de recibir los desechos.
Cuernavaca necesita, además, un verdadero programa de reducción, separación, reciclaje y aprovechamiento. Transportar diariamente cientos de toneladas de basura de un lugar a otro no constituye una política ambiental; apenas evita que el problema permanezca frente a nuestros ojos.
En julio de 2021, La Crónica preguntó si se avecinaba otra crisis de la basura. Cinco años después, la pregunta vuelve a ser inevitable. La capital todavía no está cubierta de bolsas negras como en septiembre de 2006, pero varias condiciones que provocaron aquella emergencia continúan presentes: falta de alternativas, dependencia empresarial, oposición social, instalaciones cuestionadas y decisiones que llegan después de años de denuncias.
La basura ya produjo una crisis sanitaria en Cuernavaca. Pensar que no puede repetirse sería el primer paso para volver a padecerla.
