EL SELLO MUNICIPAL DEL DESPOJO: AYUNTAMIENTOS DE MORELOS SIGUEN “OFICIALIZANDO” CONTRATOS QUE SIRVEN PARA ROBAR CASAS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 3 de septiembre de 2026
Los ayuntamientos de Morelos deben dejar de ratificar contratos privados de compraventa de viviendas. Esa es la exigencia que acaba de poner sobre la mesa un llamado público del presidente del Colegio de Notarios, Luis Felipe Güemes Ríos, ante el aumento del despojo en la entidad. Lo correcto, lo único que da certeza real, es ir a una notaría. Todo lo demás es un atajo barato que se ha convertido en coartada.
El trámite existe y está institucionalizado. En Cuernavaca, el Juzgado de Paz o la Sindicatura recibe el contrato privado, dos testigos, identificaciones y cobra derechos. El juez levanta un acta en la que “hace constar” que las firmas son de quienes dicen ser. Listo: el papel ya tiene fecha cierta y un sello municipal. Parece serio. No lo es.
Ese documento no sustituye una escritura pública. No obliga a revisar antecedentes registrales, no exige certificado de libertad de gravamen, no protocoliza el acto con la solemnidad que la ley reserva a la transmisión de inmuebles. Sirve, eso sí, para que alguien con prisa o con malas intenciones tenga un papel “ratificado por la autoridad” que después usa en juicios, en catastro o para presionar al verdadero poseedor.
Morelos no es un caso aislado. El despojo inmobiliario en la entidad lleva años operando con recetas parecidas: contratos privados, ratificaciones express, notarías complacientes en algunos casos, jueces civiles que tramitan con velocidad sospechosa y autoridades municipales que no preguntan de más. Familias de Oaxtepec, colonias de Cuernavaca, predios en Yautepec y Cuautla han denunciado el mismo patrón.
Hasta hace poco Morelos figuraba entre los estados con tasas altas de despojo por cada 100 mil habitantes. El problema no es de un municipio. Es de la práctica.
Hace medio siglo un alcalde de Cuernavaca le sugirió a un particular que consiguiera “uno de esos documentos” para quedarse con una propiedad. El interlocutor lo consideró irregular y, conociendo los antecedentes del funcionario, no aceptó. El consejo no era original entonces y no lo es ahora. Lo que ha cambiado es la escala: lo que antes era un favor discreto hoy es un trámite de ventanilla que cualquier municipio ofrece como “servicio a la ciudadanía”.
Los alcaldes saben que mucha gente no puede o no quiere pagar notario. Usan esa realidad como justificación. El resultado es que la autoridad municipal termina prestando su sello a operaciones que después se convierten en carpetas de despojo.
Mientras tanto, el Colegio de Notarios y el gobierno estatal impulsan programas de escrituración social con aranceles reducidos precisamente para que las familias de menores recursos sí tengan un título oponible a terceros. La contradicción es evidente: por un lado se invita a formalizar; por el otro se mantiene abierta la puerta de atrás.
Dejar de ratificar estos contratos no es un capricho de notarios. Es cerrar una vía que ya demostró para qué sirve. Quien vende o compra de buena fe puede ir a una notaría. Quien necesita el sello municipal para “arreglar” un papel irregular encontrará más difícil operar. Todos los municipios de Morelos tienen el mismo trámite o uno equivalente. Todos enfrentan el mismo riesgo. Seguir ofreciéndolo es, en el mejor de los casos, ingenuidad institucional. En el peor, complicidad por omisión.
La certeza jurídica no se improvisa con un acta de juez de paz. Se protocoliza. Hasta que los ayuntamientos no cierren esa ventanilla, el despojo seguirá teniendo papelería oficial.
