Tras 15 días de protesta, ex reclusas del penal federal de Morelos arrancan compromisos al gobierno
La reinserción social volvió a quedar bajo cuestionamiento después de que mujeres que estuvieron encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, tuvieran que instalar un plantón frente a la Secretaría de Gobernación para exigir oportunidades de trabajo, atención psicológica y acompañamiento institucional después de recuperar su libertad.
Luego de 15 días de movilización, las manifestantes consiguieron que autoridades federales asumieran compromisos para facilitar su incorporación a la vida productiva y social, una responsabilidad que forma parte de los objetivos del sistema penitenciario mexicano, pero cuyo cumplimiento sigue enfrentando importantes obstáculos.
La protesta comenzó el pasado 16 de octubre y concluiría este sábado 31, después de que las representantes del movimiento recibieran una minuta firmada por funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, en la cual quedaron establecidos diversos acuerdos.
Entre los compromisos destacan la atención psicológica, la vinculación con oportunidades laborales y la elaboración de un proyecto emergente que responda a las necesidades de las mujeres que abandonan los centros penitenciarios federales.
Viridiana Molina, fundadora de la organización Artículo 20, calificó los acuerdos como históricos, al señalar que anteriormente las mujeres liberadas de establecimientos federales no habían conseguido una respuesta institucional de esta naturaleza.
En el documento también se contempla gestionar mecanismos de coordinación con autoridades de la Ciudad de México para facilitar el acceso a programas sociales, independientemente de que las beneficiarias hayan cumplido sentencias por delitos del fuero federal.
El caso exhibe una contradicción del sistema penitenciario: mientras las instituciones sostienen que uno de sus principales objetivos es preparar a las personas para regresar a la sociedad, las propias ex internas denuncian la ausencia de apoyos suficientes cuando finalmente recuperan su libertad.
Aunque los acuerdos representan un avance para las mujeres que permanecieron en el Cefereso 16 de Morelos, su efectividad dependerá de que las autoridades conviertan los compromisos firmados en servicios reales, oportunidades laborales y mecanismos de seguimiento. Por ahora, se trata de obligaciones asumidas por el gobierno federal, cuyos resultados todavía deberán comprobarse.
La movilización también deja una interrogante de fondo: ¿cuántas mujeres más, después de cumplir sus condenas, enfrentan solas el rechazo social, las dificultades económicas y la falta de oportunidades, sin contar con una organización que pueda acompañarlas en sus demandas?
La reinserción social no debería comenzar con un plantón frente a una dependencia gubernamental, sino con políticas públicas capaces de ofrecer una segunda oportunidad a quienes ya cumplieron su deuda con la justicia.
