México Evalúa exhibe grave rezago: Morelos, entre los más extorsionados y fuera de las prioridades federales
El oriente del estado aparece identificado como uno de los territorios donde la extorsión amenaza las actividades económicas, mientras la estrategia nacional concentra sus esfuerzos en otras entidades.
Morelos vuelve a colocarse bajo los reflectores nacionales por la gravedad de la extorsión. Una investigación de la organización México Evalúa reveló que la entidad figura entre los nueve estados con las tasas más elevadas de este delito, pero quedó fuera del grupo de ocho entidades seleccionadas originalmente por el Gobierno federal para recibir atención prioritaria dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
El estudio, denominado Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, con información de enero a septiembre de 2026, advierte que las organizaciones criminales han extendido sus actividades hacia corredores industriales, comerciales y agroalimentarios, donde encuentran condiciones para obtener ganancias mediante amenazas, cobros ilegales y mecanismos de control económico. En ese escenario, México Evalúa señala expresamente al oriente de Morelos como ejemplo de una zona donde la intensidad de la extorsión puede superar la registrada en las principales ciudades.
La advertencia resulta especialmente relevante para municipios como Cuautla, Ayala, Yecapixtla y otros puntos de la región oriental, donde confluyen actividades comerciales, agrícolas, de servicios y transporte. Aunque el reporte no atribuye individualmente a cada uno de esos municipios una tasa específica en sus conclusiones generales, su identificación del corredor oriental obliga a examinar con mayor profundidad el impacto del delito sobre comerciantes, productores, transportistas y pequeños empresarios.
A escala nacional, la investigación documentó 8 mil 551 víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses del año. De ellas, aproximadamente el 85 por ciento se concentra en tres grandes regiones económicas: Centro Metropolitano, Bajío-Occidente y Norte Industrial. La organización advierte que la extorsión no solamente representa una amenaza para la seguridad de las personas, sino también para la estabilidad de los negocios, la inversión y los precios que finalmente pagan los consumidores.
Uno de los aspectos más delicados del diagnóstico es la distancia entre la gravedad del problema y las prioridades gubernamentales. Mientras las ocho entidades incluidas originalmente en la estrategia nacional registraron una disminución de 13 por ciento en las víctimas entre 2025 y 2026, en el resto del país se observó un incremento de 30 por ciento. Morelos aparece junto con Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco entre los estados de alta incidencia que no fueron incorporados a esa primera selección.
La dimensión real del fenómeno podría ser considerablemente mayor. México Evalúa advierte que la extorsión presenta un subregistro de 97.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Esto significa que las denuncias oficiales apenas permiten observar una pequeña parte del problema, particularmente cuando las víctimas temen represalias contra sus familias, establecimientos o actividades productivas.
Frente a este panorama, la organización plantea revisar periódicamente las entidades prioritarias, elaborar diagnósticos específicos por corredor económico, establecer mecanismos seguros de denuncia y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. También propone destinar recursos de seguridad para 2027 a las policías de proximidad e investigar las estructuras financieras que permiten a las organizaciones criminales beneficiarse de la extorsión.
Para Morelos, el diagnóstico plantea una interrogante inevitable: si el estado figura entre los más afectados del país y su región oriental aparece expresamente identificada como un territorio de riesgo, ¿por qué no fue considerado originalmente una prioridad nacional? La respuesta exige algo más que nuevos operativos: requiere una estrategia territorial capaz de proteger a quienes producen, comercian, transportan mercancías y sostienen buena parte de la economía regional.
