CUANDO LA VIOLENCIA TAMBIÉN EDUCA A NUESTROS MUCHACHOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 1 de octubre de 2026

Lo ocurrido este jueves en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, debería obligarnos a mirar mucho más allá de la nota roja. Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos después de una brutal agresión con armas blancas y otros objetos que dejó muerta a la subdirectora de la escuela y varias personas lesionadas. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmóó que la investigación apunta inicialmente hacia resentimientos contra la institución y, además, hacia algo especialmente inquietante: los jóvenes tenían como referencias a personas de otros países que anteriormente habían cometido ataques semejantes.

Ese último dato debería encender todas las alarmas. Durante décadas, generaciones enteras de niños y adolescentes han crecido viendo una interminable sucesión de masacres escolares, asesinos convertidos durante días en personajes omnipresentes y ataques reproducidos una y otra vez por televisión y, ahora, multiplicados hasta el infinito por internet y las redes sociales. Sería simplista afirmar que conocer esos hechos convierte automáticamente a un muchacho en delincuente; millones los conocen y jamás ejercen violencia. Pero también sería irresponsable ignorar que algunos agresores estudian, admiran o imitan a quienes los precedieron. Precisamente eso es parte de lo que ahora investiga la Fiscalía de Coahuila.

El problema ya no consiste únicamente en lo que nuestros adolescentes ven, sino en cómo lo procesan y, sobre todo, quién está observando las señales de alarma. Un muchacho aislado, resentido, sometido a violencia familiar, enganchado con comunidades digitales que glorifican agresiones o fascinado por criminales puede pasar meses o años dejando rastros de que algo anda mal. No se trata de criminalizar al adolescente extraño, introvertido, rebelde o problemático. Mucho menos de convertir a maestros en policías. Se trata de construir mecanismos profesionales capaces de distinguir una conducta propia de la edad de una amenaza concreta que exige intervención psicológica, familiar, educativa o, llegado el caso, de las autoridades.

En Morelos tenemos además nuestra propia y terrible versión de este fenómeno. Aquí la amenaza no procede solamente de la eventual imitación de ataques escolares ocurridos en Estados Unidos u otros países. Tenemos al crimen organizado tocando directamente la puerta de nuestros muchachos. Organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia han documentado cómo niños y adolescentes son utilizados inicialmente como informantes o “halcones” y después pueden escalar hacia actividades de narcomenudeo, extorsión, secuestro e incluso sicariato. En 2025, Morelos fue señalado entre las entidades especialmente afectadas por el reclutamiento de menores, mientras autoridades de justicia para adolescentes han advertido sobre la captación mediante redes sociales.

Y nosotros sabemos perfectamente hasta dónde puede llegar esa historia. Édgar Jiménez Lugo, “El Ponchis”, fue detenido en Morelos en diciembre de 2010 cuando apenas tenía 14 años. Su caso estremeció al país porque detrás de aquella imagen de un adolescente custodiado por militares apareció una realidad monstruosa: un menor incorporado desde muy temprana edad a una organización criminal y relacionado con homicidios, secuestros y otros delitos gravísimos. Permaneció tres años internado en el CEMPLA y, tras recuperar la libertad en noviembre de 2013, fue trasladado a Estados Unidos, país del que también era ciudadano. Su destino posterior no está suficientemente documentado públicamente como para afirmar responsablemente qué ocurrió después.

“El Ponchis” debió habernos enseñado algo hace quince años: ningún niño nace sicario. Antes del adolescente que empuña un arma hubo un niño que transitó por una familia, una colonia, una escuela y una comunidad; alguien pudo haber advertido ausencias, adicciones, violencia, cambios radicales de comportamiento o acercamientos con adultos vinculados a actividades criminales. Eso no significa responsabilizar automáticamente a padres o maestros. Significa reconocer que el reclutamiento criminal es un proceso y que, precisamente por tratarse de un proceso, existen momentos en los cuales todavía puede ser interrumpido.

Por eso lo sucedido en Torreón no debería resolverse únicamente aumentando policías afuera de las escuelas, instalando detectores de metales o revisando mochilas. Todo eso puede servir frente a una emergencia inmediata, pero llega demasiado tarde si el objetivo verdadero consiste en evitar que un muchacho quiera matar. México necesita una política pública nacional de prevención de la violencia escolar y del reclutamiento criminal que comience desde la primaria, continúe durante la secundaria y el bachillerato y se prolongue incluso en las universidades. No una campaña de carteles durante tres meses ni otra conferencia burocrática sobre “valores”.

Necesitamos estudios longitudinales, seguimiento profesional y protocolos permanentes. Psicólogos suficientes en las escuelas; capacitación para docentes; mecanismos confidenciales para que estudiantes reporten amenazas; atención a violencia familiar, acoso y consumo problemático de sustancias; observación profesional de cambios graves de conducta; coordinación real entre Educación, Salud, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y autoridades de seguridad. Y, particularmente en estados como Morelos, protocolos específicos para detectar intentos de reclutamiento del crimen organizado, tanto en las calles como mediante redes sociales, videojuegos y falsas ofertas de trabajo.

Pero existe una condición fundamental: prevenir no significa etiquetar. Sería peligrosísimo crear listas negras de estudiantes “sospechosos” por su manera de vestir, sus gustos musicales, sus problemas familiares o porque simplemente sean diferentes. La detección debe descansar en evidencia, personal especializado y conductas objetivamente preocupantes: amenazas específicas, planes de agresión, posesión injustificada de armas, intentos de reclutamiento, violencia reiterada o referencias persistentes y acompañadas de otros indicadores de riesgo. De lo contrario, bajo el pretexto de prevenir la violencia terminaríamos fabricando otra forma de violencia contra nuestros propios jóvenes.

Torreón debe convertirse en una advertencia nacional. No podemos esperar al próximo adolescente armado, al próximo muchacho convertido en halcón o al próximo niño reclutado como sicario para preguntarnos dónde estaba el Estado. Durante demasiado tiempo hemos combatido las consecuencias mientras dejamos crecer las causas. Si la violencia también está educando a nuestros muchachos —desde una pantalla, desde una colonia controlada por delincuentes o desde las redes del crimen organizado— entonces la escuela, la familia y las instituciones tienen que llegar antes. Porque cuando llegamos después, generalmente ya no hablamos de prevención: hablamos de víctimas, detenidos, funerales y otra generación a la que volvimos a fallarle.