LAS SEÑALES ESTABAN AHÍ… PERO NADIE SIGUIÓ A ESOS NIÑOS

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 2 de octubre de 2026

Hace casi cinco años escribí en este mismo espacio sobre algo que entonces parecía lejano para México: los estudios longitudinales capaces de acompañar durante décadas a niños y adolescentes para descubrir qué ocurre entre las primeras manifestaciones de agresividad, violencia, impulsividad, fracaso escolar o desintegración familiar y la eventual aparición de conductas delictivas. Hoy vale la pena regresar al tema porque la tragedia ocurrida este jueves en Torreón, Coahuila, vuelve a colocar frente a nosotros una pregunta incómoda: ¿cuántas señales puede emitir un niño durante años sin que ninguna institución las conecte?

En la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos después de un ataque en el que murió la subdirectora de la escuela y otras personas resultaron heridas. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, reveló posteriormente que entre las pertenencias de los jóvenes fueron encontradas fotografías y referencias relacionadas con autores de ataques escolares registrados en otras partes del mundo. Según la información preliminar proporcionada por el funcionario, ambos mostraban fascinación por ese tipo de agresores.

Pero sería demasiado sencillo concluir que Internet, las redes sociales, los videojuegos o las noticias sobre masacres escolares fabrican por sí solos a un homicida. No existe una explicación tan cómoda. Millones de adolescentes están expuestos a esos mismos contenidos y jamás cometerán un delito. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué ocurre cuando esa exposición coincide con agresividad persistente, aislamiento, violencia familiar, acoso escolar, fracaso académico, consumo de drogas, impulsividad, abandono, fascinación por la violencia u otras señales que se repiten durante años? ¿Quién reúne las piezas del rompecabezas?

Ahí aparece precisamente la enorme importancia de las investigaciones longitudinales que mencioné en 2021. El famoso Cambridge Study in Delinquent Development comenzó siguiendo a 411 niños del sur de Londres desde aproximadamente los ocho años. Aquella investigación no terminó donde la conocíamos hace décadas: los participantes fueron observados durante buena parte de sus vidas y análisis posteriores han estudiado sus antecedentes y condenas hasta los 61 años. Entre los factores tempranos asociados estadísticamente con trayectorias delictivas aparecen problemas de conducta antisocial, impulsividad, bajo desempeño escolar, pobreza, antecedentes delictivos familiares y deficiencias en supervisión y crianza. Investigaciones posteriores también han permitido identificar factores protectores capaces de modificar esas trayectorias.

Esto último es fundamental. Un niño agresivo no es un delincuente en potencia por decreto estadístico. Un menor que pelea, desafía a sus maestros, acosa a sus compañeros o presenta problemas de conducta tampoco debe ser estigmatizado ni fichado para toda la vida. Precisamente para eso sirve la ciencia: para reconocer factores de riesgo sin confundirlos con destinos inevitables y, sobre todo, para descubrir qué intervenciones familiares, educativas, psicológicas y sociales pueden impedir que determinados problemas se vuelvan crónicos.

México tiene estadísticas, protocolos y programas, pero seguimos padeciendo una enorme fragmentación. El INEGI dispone, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, que permite conocer antecedentes familiares, escolares y sociales de quienes ya llegaron al sistema de justicia. La paradoja es brutal: sabemos investigar al adolescente después de que entró al sistema penal, pero carecemos de un mecanismo nacional longitudinal que permita observar durante años qué sucedió antes y evaluar sistemáticamente qué intervenciones funcionaron.

Morelos tampoco parte de cero. El IEBEM cuenta con protocolos obligatorios para prevenir, detectar, notificar, intervenir y dar seguimiento al acoso y la violencia escolar; existe un Departamento de Convivencia Escolar y el estado tiene un Programa Integral de Seguridad Escolar en el que participan diversas instituciones. Todo eso existe sobre el papel y algunas acciones se realizan. Pero una cosa es atender un incidente y otra muy diferente construir la historia de un menor durante cinco, ocho o diez años. ¿Qué sucede con aquel alumno que desde cuarto de primaria golpeaba a sus compañeros? ¿Qué ocurrió con el muchacho reportado repetidamente por amenazas? ¿Quién sabe si recibió tratamiento? ¿Quién verificó seis meses después si continuaba? ¿Qué pasa cuando cambia de escuela? ¿Y cuando abandona los estudios? La información institucional suele fragmentarse precisamente cuando el problema necesita continuidad.

Y ahí está, a mi juicio, uno de nuestros grandes agujeros en materia de prevención. El maestro detecta algo y lo reporta; la dirección escolar llama a los padres; quizá interviene trabajo social; eventualmente aparece un psicólogo; si la situación escala interviene otra dependencia y, cuando existe un delito, llegan policías, fiscales y jueces. Pero el niño es el mismo mientras las instituciones van cambiando. Cada dependencia observa una fotografía; prácticamente nadie conserva la película completa.

La cuestión adquiere dimensiones todavía más preocupantes en Morelos, donde nuestros adolescentes crecen en comunidades expuestas cotidianamente a la violencia criminal. El muchacho que presenta problemas severos de conducta no solamente enfrenta los riesgos tradicionales de deserción, adicciones o delincuencia común. También puede encontrarse con organizaciones criminales capaces de ofrecerle dinero, identidad, pertenencia y poder. Para determinados grupos delincuenciales, un adolescente vulnerable puede convertirse primero en informante o “halcón” y después avanzar hacia tareas cada vez más graves. Por eso la prevención no puede comenzar cuando ese joven aparece detenido con un arma.

Hace cinco años escribí que México necesitaba investigaciones longitudinales serias. Hoy agregaría algo más: necesitamos memoria institucional sobre nuestros niños. No expedientes policiacos infantiles ni listas negras; tampoco algoritmos destinados a señalar quién supuestamente será delincuente. Lo que necesitamos es información protegida, seguimiento profesional, intervención temprana y evaluación científica de resultados que permitan saber si un niño reportado reiteradamente por violencia recibió ayuda, si su familia fue atendida, si continuó estudiando y si las medidas adoptadas realmente modificaron su trayectoria.

Después de cada tragedia hacemos exactamente lo contrario. Buscamos culpables, revisamos mochilas, instalamos detectores, anunciamos protocolos y durante algunos días discutimos sobre valores familiares, redes sociales y violencia. Después el tema desaparece. Hasta que ocurre nuevamente.

Lo sucedido este jueves en Torreón debería obligarnos a mirar mucho más atrás del momento del ataque. No para afirmar, sin conocer todavía toda la investigación, que aquella tragedia pudo haberse pronosticado, sino para formular la pregunta que México lleva décadas aplazando: ¿qué señales presentaron esos jóvenes cuando todavía eran niños y qué hicieron los adultos y las instituciones con ellas?

Porque muchas tragedias comienzan mucho antes del día en que aparecen en la nota roja. Y quizá nuestro mayor fracaso no consiste solamente en no haberlas evitado, sino en haber tenido durante años frente a nosotros algunas de las señales y jamás haber construido un sistema capaz de seguirles la pista.