Cuauhtémoc Cárdenas construyó la democracia; López Obrador quiso destruirla
La historia de México terminará colocando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Andrés Manuel López Obrador en lugares muy distintos. Ambos surgieron de una misma corriente política, ambos combatieron al viejo régimen priísta y ambos despertaron enormes esperanzas entre millones de mexicanos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental que, con el paso de los años, resulta cada vez más evidente: Cárdenas luchó para abrir las puertas de la democracia y López Obrador, una vez instalado en la Presidencia de la República, impulsó decisiones que debilitaron varios de los contrapesos que aquella transición había conseguido construir. Uno contribuyó a limitar el poder presidencial; el otro buscó devolverle buena parte de su antigua fuerza. AMLO buscó destruir el sistema democrático mexicano.
La muerte del ingeniero Cárdenas, a los 92 años, obliga a revisar no solamente su formidable trayectoria, sino también lo que ocurrió con el proyecto democrático que encabezó desde 1988. Porque Cárdenas no fue únicamente un candidato presidencial al que millones de mexicanos reconocieron como víctima de una elección profundamente cuestionada. Fue el hombre que se atrevió a desafiar al sistema desde sus entrañas, que rompió con el partido hegemónico y que encabezó una movilización nacional cuyos efectos contribuyeron a transformar las reglas del juego político. Sin aquella rebelión cívica, difícilmente podría explicarse la posterior consolidación de la competencia electoral en México.
Conviene recordar lo que significaba enfrentar al régimen en aquellos años. El presidente de la República controlaba prácticamente todo: la sucesión presidencial, las mayorías legislativas, buena parte del Poder Judicial, las estructuras electorales y los mecanismos políticos que determinaban quién podía llegar al gobierno. Cárdenas, acompañado por figuras como Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, entre muchas otras, contribuyó a quebrar esa estructura. La fundación del PRD en 1989 y su victoria en la primera elección popular para gobernar el Distrito Federal, en 1997, fueron acontecimientos decisivos de una transición que jamás habría sido posible por la voluntad de un solo individuo.
Y aquí aparece la primera gran paradoja: Andrés Manuel López Obrador fue uno de los principales beneficiarios políticos de aquella apertura democrática. Su carrera nacional se desarrolló dentro del movimiento que Cárdenas ayudó a construir. Llegó a encabezar el PRD, posteriormente gobernó la capital del país y terminó conquistando la Presidencia en 2018, mediante instituciones electorales surgidas de décadas de reformas, exigencias ciudadanas y luchas opositoras. El mismo sistema que permitió a López Obrador derrotar pacíficamente a sus adversarios fue después blanco de sus constantes descalificaciones.
No se trata de sostener que el México anterior a 2018 fuera una democracia perfecta. Lejos de ello. Persistían la corrupción, la impunidad, las desigualdades, los abusos de poder y la penetración de intereses económicos en las decisiones públicas. Pero precisamente por esas deficiencias era indispensable fortalecer las instituciones, corregir sus errores y garantizar su independencia. López Obrador eligió otro camino: descalificar frecuentemente a los organismos autónomos, confrontar a los juzgadores que no respaldaban sus decisiones y presentar numerosos límites constitucionales como obstáculos impuestos por sus enemigos políticos. Llegó a destruir.
El caso del Instituto Nacional Electoral resulta particularmente revelador. El INE no fue una concesión generosa de los presidentes priístas o panistas. Es heredero de una larga lucha ciudadana por arrebatarle al gobierno el control de las elecciones. Por eso resultó tan significativo que López Obrador promoviera reformas que pretendían modificar profundamente su estructura y funcionamiento. En 2023, la Suprema Corte invalidó partes sustanciales del llamado Plan B electoral por violaciones al procedimiento legislativo. Aquella resolución demostró, precisamente, para qué sirven los contrapesos: para recordar que ni siquiera una mayoría parlamentaria puede actuar al margen de las reglas constitucionales.
El Poder Judicial constituye otro ejemplo de esa contradicción histórica. Durante el sexenio lopezobradorista, las confrontaciones con la Suprema Corte adquirieron dimensiones inéditas en la etapa democrática reciente. Finalmente, en septiembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que sustituyó el sistema de designación de numerosos juzgadores federales por su elección popular. Sus promotores aseguraron que serviría para combatir la corrupción y democratizar la justicia. Sus críticos advirtieron que podía debilitar la independencia judicial, politizar la impartición de justicia y colocar a quienes deben controlar al poder bajo nuevas presiones partidistas. La primera elección judicial de 2025, con escasa participación ciudadana, reforzó muchas de esas preocupaciones.
El problema de fondo no consiste en negar que el Poder Judicial necesitaba transformaciones. Las necesitaba, como también las necesitan numerosas instituciones mexicanas. El problema aparece cuando la solución consiste en reducir su autonomía frente al poder político. Una democracia no se mide solamente por el número de votos que obtiene un presidente, sino también por su disposición a respetar a quienes tienen facultades para contradecirlo. Gobernar con una mayoría legítima no concede derecho a vaciar de contenido los límites del poder. Ese principio, elemental para cualquier régimen constitucional, fue uno de los grandes puntos de tensión del gobierno de López Obrador.
También desaparecieron organismos autónomos que habían surgido para impedir que toda la información y todas las decisiones relevantes quedaran concentradas en el Ejecutivo. La extinción del INAI como organismo autónomo fue especialmente simbólica. Durante décadas, la sociedad mexicana reclamó mecanismos para conocer cómo se utilizaban los recursos públicos y qué decisiones tomaban sus gobernantes. La transformación del sistema de transparencia y el traslado de sus funciones a otras instancias significaron, desde una perspectiva crítica, un retroceso en la independencia de la vigilancia institucional. Resulta difícil hablar de democratización cuando se debilitan los instrumentos con los que los ciudadanos pueden vigilar al gobierno.
Hay, además, una diferencia de estilos personales que no debería pasar inadvertida. Cuauhtémoc Cárdenas construyó una autoridad moral que trascendió a los partidos políticos. No necesitaba insultar cotidianamente a sus adversarios ni convertir toda discrepancia en una batalla entre buenos y malos. Su liderazgo se sustentaba en la congruencia, la sobriedad y el respeto que despertaba incluso entre quienes jamás votaron por él. López Obrador, en cambio, convirtió la confrontación permanente en uno de sus principales instrumentos de gobierno. Sus conferencias matutinas fueron utilizadas con frecuencia para dividir el escenario nacional entre quienes respaldaban su proyecto y quienes, según su discurso, representaban intereses conservadores.
Quienes vivimos y observamos las grandes movilizaciones del cardenismo recordamos aquellos auténticos ríos humanos que se formaban en sus giras por Morelos. En Cuernavaca y en otras regiones del estado, su presencia despertaba una mezcla de entusiasmo, esperanza y respeto. No era solamente la multitud congregada para escuchar a un candidato presidencial. Era una sociedad que comenzaba a descubrir que podía desafiar al régimen y reclamar su derecho a decidir. El ingeniero representaba, para muchos mexicanos, la posibilidad de terminar con el presidencialismo autoritario. Aquella esperanza contrastaría décadas después con el ejercicio del poder de quien también se presentó como su heredero político.
Resulta igualmente ilustrativo recordar el episodio de enero de 2023, cuando López Obrador llegó a considerar a Cárdenas un adversario político por su cercanía con una iniciativa de reflexión y propuestas nacionales. Aunque después matizó sus declaraciones y reiteró su respeto por el ingeniero, el episodio exhibió dos maneras diferentes de comprender la política. Para Cárdenas, las discrepancias podían existir incluso entre quienes compartían ideales. En la lógica presidencial de López Obrador, frecuentemente parecía no haber espacio para posiciones intermedias: se estaba con su proyecto o se estaba contra él.
Sería injusto desconocer las contribuciones de López Obrador a la vida pública mexicana. Su victoria de 2018 constituyó una alternancia histórica que llevó al poder federal a una corriente política durante décadas excluida de la Presidencia. Millones de ciudadanos encontraron representación en su discurso contra la corrupción, en sus políticas sociales y en su reivindicación de los sectores más pobres. Pero la democratización no termina con el triunfo electoral de una fuerza popular. También exige pluralismo, libertad de crítica, instituciones independientes y posibilidades reales de alternancia. Un gobierno puede ampliar derechos sociales y, al mismo tiempo, debilitar los mecanismos democráticos de control. Reconocer ambas dimensiones resulta indispensable para evaluar su legado.
Por supuesto, nadie puede asegurar con absoluta certeza qué habría hecho Cuauhtémoc Cárdenas si hubiera llegado a la Presidencia. La historia no permite comprobar escenarios que nunca ocurrieron. Sin embargo, su trayectoria pública, su defensa de la pluralidad y su insistencia en la construcción de instituciones ofrecen razones poderosas para pensar que difícilmente habría encabezado una ofensiva contra los contrapesos constitucionales semejante a la emprendida durante el sexenio lopezobradorista. Su concepción de la democracia parecía descansar más en la organización colectiva y la deliberación que en la subordinación de las instituciones a una sola voluntad política.
Y está, finalmente, el contraste de sus últimos años. Cárdenas llegó al final de su vida conservando una estatura pública reconocida por personas de muy distintas filiaciones. Su muerte provocó expresiones de respeto que atravesaron las fronteras partidistas. López Obrador, por su parte, optó por retirarse a su propiedad en Palenque, Chiapas, después de concluir su mandato. Ese retiro, que por sí mismo no merece reproche alguno, simboliza una diferencia entre dos trayectorias: la del dirigente cuya autoridad histórica sobrevivió a sus derrotas electorales y la del presidente cuya herencia institucional continúa provocando profundas controversias. El propio López Obrador reconoció, al despedir al ingeniero, que sin él habría sido distinta la realidad política de México.
La comparación adquiere especial relevancia cuando el país se aproxima a las elecciones de 2027. El INE enfrenta cuestionamientos sobre su conducción y credibilidad; la independencia judicial permanece en el centro del debate nacional, y la concentración del poder político sigue generando interrogantes sobre el futuro de los contrapesos. En ese contexto, la ausencia de Cárdenas representa algo más que la pérdida de un dirigente histórico: desaparece una referencia moral de aquella izquierda que entendía la democratización como una lucha para impedir que alguien volviera a concentrar el poder que durante décadas ejerció el presidencialismo mexicano.
Cuauhtémoc Cárdenas no necesitó ser presidente para contribuir decisivamente a la democratización de México. Andrés Manuel López Obrador sí llegó a la Presidencia, pero dejó un legado marcado por el debilitamiento de instituciones que debían vigilar al poder. Ahí reside la diferencia más profunda entre ambos. El primero ayudó a construir las condiciones para que México pudiera tener presidentes sometidos a límites democráticos. El segundo pareció considerar que muchos de esos límites estorbaban a su transformación, y decidió destuirlos. La historia seguirá examinando sus aciertos y sus errores, pero hay una conclusión que merece permanecer en la discusión pública: la verdadera grandeza de un demócrata no consiste en acumular poder, sino en contribuir a que nadie pueda ejercerlo sin controles.
Y esa es, quizá, la mayor lección política que nos deja Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
