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¡EN HIDALGO, UNA ESTUDIANTE ENVUELTA EN LLAMAS; EN MORELOS, UNA ADVERTENCIA QUE NO DEBE IGNORARSE!

Una celebración del Día de Muertos terminó convertida en una pesadilla en Hidalgo. Zaira, estudiante de la secundaria Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo, sufrió graves quemaduras el miércoles 28 de octubre, cuando su disfraz de catrina, elaborado con hojas secas de tamal, se incendió presuntamente al entrar en contacto con una veladora colocada en un altar escolar.

La menor permanece hospitalizada y se reporta grave, mientras sus familiares han solicitado apoyo económico para enfrentar los gastos médicos. Las imágenes del accidente son estremecedoras, pero también exhiben algo profundamente preocupante: los riesgos que pueden esconderse detrás de una actividad escolar aparentemente inofensiva cuando no existen medidas efectivas de prevención.

Como suele ocurrir después de acontecimientos de esta naturaleza, apareció el comunicado oficial. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo lamentó los hechos, aseguró que mantiene comunicación con la familia y anunció una investigación para determinar responsabilidades. También recordó que existen protocolos de protección civil y que está prohibido utilizar fuego durante las actividades escolares. ¡Vaya contradicción! Si las disposiciones existen, ¿por qué había veladoras encendidas junto a una estudiante cuyo vestuario estaba confeccionado con materiales altamente inflamables? ¿Quién autorizó semejante riesgo? ¿Dónde estaban los responsables de supervisar la seguridad del evento? No basta con lamentar una tragedia cuando precisamente la obligación de las autoridades era impedir que ocurriera.

La expresión oficial de que se brinda acompañamiento a la víctima y a sus familiares se ha convertido en una fórmula burocrática recurrente después de accidentes que pudieron prevenirse. Desde luego, corresponde investigar antes de atribuir responsabilidades individuales, pero resulta imposible ignorar las fallas de prevención que el caso pone sobre la mesa. El personal directivo, los organizadores de las actividades y las autoridades educativas tienen obligaciones concretas en materia de seguridad. Los protocolos no sirven para adornar documentos ni para justificar comunicados posteriores: deben cumplirse antes de que una niña termine en un hospital. Y mientras las autoridades hablan de acompañamiento, la familia de Zaira solicita ayuda económica para enfrentar las consecuencias de lo sucedido.

Este caso debe encender inmediatamente las alertas en Morelos. La Secretaría de Educación estatal, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), las direcciones escolares y las autoridades de Protección Civil tienen que garantizar que las celebraciones del Día de Muertos, festivales, concursos de catrinas y demás actividades culturales se desarrollen bajo estrictas condiciones de seguridad. No deben permitirse veladoras encendidas cerca de participantes, vestuarios altamente inflamables expuestos al fuego ni instalaciones improvisadas que representen riesgos. Tampoco basta con tener extinguidores guardados en alguna oficina: es indispensable contar con personal capacitado, rutas de evacuación y mecanismos de respuesta inmediata ante emergencias.

Lo ocurrido en Hidalgo representa una dolorosa advertencia para todo el sistema educativo mexicano y, particularmente, para Morelos, donde miles de estudiantes participan durante estos días en celebraciones tradicionales. Una festividad jamás puede estar por encima de la integridad física de un alumno. Los padres de familia entregan a sus hijos a las escuelas con la confianza de que estarán protegidos, no expuestos a peligros que una supervisión elemental podría evitar. Ojalá Zaira consiga recuperarse y las investigaciones establezcan las responsabilidades correspondientes. Pero la lección debe quedar perfectamente clara: en Morelos no debemos esperar a que un estudiante termine envuelto en llamas para descubrir que los protocolos de seguridad existían solamente sobre el papel.

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