“Derechos de las audiencias”: la vieja receta autoritaria disfrazada de protección ciudadana
La expresión “derechos de las audiencias” suena noble: ¿quién podría oponerse a que el público exija veracidad, pluralidad y respeto en los medios? Sin embargo, detrás de ese eufemismo se esconde una de las herramientas más eficaces que han utilizado los gobiernos autoritarios para domesticar a la prensa crítica. No se trata de empoderar al ciudadano, sino de otorgar al Estado un pretexto legal para decidir qué se puede decir y qué debe callarse.
El precedente más claro lo dejó Hugo Chávez en Venezuela. En 2004 impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte. Bajo el discurso de proteger a las audiencias de “mensajes violentos” o “desestabilizadores”, el chavismo creó organismos de supervisión que sancionaban, multaban y retiraban concesiones a medios independientes. El resultado fue el cierre o la asfixia económica de canales como RCTV y la transformación de buena parte del espectro mediático en caja de resonancia oficial.
Esa misma lógica se repite hoy en México. Cada vez que se habla de fortalecer los “derechos de las audiencias”, se propone ampliar las facultades de autoridades reguladoras para dictar lineamientos editoriales, imponer tiempos de respuesta o castigar “información falsa”. La historia demuestra que esos mecanismos no se aplican con la misma energía contra la propaganda gubernamental, sino contra los periodistas y medios que investigan corrupción, violencia o abuso de poder.
El patrón es transparente: primero se inventa un derecho colectivo difuso, luego se crea una burocracia que lo interpreta, y finalmente se utiliza esa burocracia para asfixiar a quienes incomodan al poder. En Venezuela terminó por convertir el periodismo crítico en delito de opinión. En México, con un gobierno que ya ha mostrado intolerancia hacia la prensa adversa, el riesgo es idéntico.
Defender la libertad de expresión no significa negar que existan abusos mediáticos. Significa rechazar que el remedio sea entregar al Estado —precisamente el actor más interesado en controlar la narrativa— la llave para censurar.
Los verdaderos derechos de las audiencias se protegen con más competencia, más transparencia y más periodismo independiente, no con leyes que, una vez más, terminan silenciando a quienes el poder prefiere no escuchar.
