LA ENCRUCIJADA INSOSTENIBLE DE SINALOA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 2 de mayo de 2026
La tierra del narcotráfico histórico acaba de vivir su terremoto institucional más contundente en años. En menos de 48 horas, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidieron y obtuvieron licencia temporal ante acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”. Lo que parecía un rumor binacional se convirtió en un doble vacío de poder simultáneo. Sinaloa, cuna de la Cuarta Transformación en el noroeste, se quedó literalmente sin cabeza visible en sus dos principales instituciones.
El senador Enrique Inzunza Cázares, también señalado, decidió resistir. No pidió licencia, no se ausentó del todo y mantiene la línea de la presunción de inocencia. Su permanencia en el escaño contrasta con la salida rápida de sus compañeros de generación política y dibuja dos estrategias distintas dentro del mismo movimiento: unos se apartan para no dañar la imagen nacional; el otro apuesta a que el escándalo se diluya sin tocar la estructura federal.
Y aquí está el nudo que nadie quiere nombrar: o era Claudia Sheinbaum o eran Rocha Moya y sus coacusados. La disyuntiva era brutalmente clara. Defender a capa y espada a los funcionarios estatales habría implicado cargar sobre los hombros de la Presidencia un escándalo de narcopolítica que habría manchado irreversiblemente el avance del actual sexenio. Dejarlos caer, en cambio, salva el proyecto nacional a costa de sacrificar a los cuadros regionales que construyeron el bastión morenista en Sinaloa. La Cuarta Transformación eligió, y eligió rápido.
Lo insostenible no eran solo los nombres; era el modelo de convivencia que se había tolerado. Durante años se miró para otro lado mientras el poder local y el poder criminal tejían sus propios acuerdos. Ahora ese tejido se rasga en público y deja al descubierto que la “paz” sinaloense de los últimos años tenía un precio que Washington ya no está dispuesto a seguir pagando en silencio. La soberanía nacional se defiende, sí, pero también se administra con realismo.
Lo grave no es que Estados Unidos acuse; lo grave es que México tenga que elegir entre su dignidad y su gobernabilidad en tiempo real. Porque detrás de las licencias temporales y las protestas de inocencia queda flotando una pregunta incómoda: ¿cuántos más están en la misma lista y simplemente aún no han sido mencionados? Sinaloa no es un caso aislado; es el espejo donde se refleja el tamaño real de la infiltración que el país ha cargado durante décadas.
Al final, la crisis no termina con dos licencias y un senador en pie de lucha. Termina cuando el sistema político mexicano demuestre que puede limpiar sus propias filas sin necesidad de que sea Washington quien marque los tiempos y los nombres. De lo contrario, cada nuevo señalamiento seguirá siendo una humillación disfrazada de cooperación bilateral. Y Sinaloa, una vez más, pagará la cuenta más alta.
