La FGR hace peripecias ante acusaciones de EUA contra 10 mexicanos, entre ellos el defenestrado gobernador de Sinaloa; rechaza detención provisional por falta de pruebas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que devolverá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, al considerar que el pedido carece de los elementos de urgencia y pruebas suficientes que exige tanto el Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos como la legislación mexicana.
En un comunicado, la FGR aclaró que no se trata de un procedimiento formal de extradición, sino únicamente de una medida cautelar de detención provisional. Sin embargo, subrayó que esta restricción a derechos humanos solo puede autorizarse cuando existen “motivos, fundamentos y pruebas sólidas” que acrediten la necesidad urgente de evitar la sustracción de la justicia.
La institución detalló que, tras analizar el pedimento: no existe referencia alguna a la urgencia de la detención provisional; no se anexaron pruebas que acrediten la comisión de delitos que justifiquen una medida de esa naturaleza; y la difusión pública de la información pone en riesgo el debido proceso.
Por estas razones, la FGR enviará una comunicación a la Cancillería para que, por las vías diplomáticas correspondientes y garantizando la confidencialidad, se soliciten a la autoridad estadounidense “todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios” que permitan a México analizar el caso y fijar una posición institucional.
“Afirmamos categóricamente que nada ni nadie está por encima de la ley”, enfatizó la Fiscalía, al tiempo que reiteró que realiza sus propias investigaciones sobre los hechos referidos ocurridos en territorio nacional, “en términos de nuestra legislación y de acuerdo con el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.
La FGR concluyó que su compromiso es con “la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”.
Este posicionamiento de la Fiscalía ocurre en medio de acusaciones públicas provenientes de Estados Unidos que involucrarían a políticos mexicanos en presuntas alianzas con organizaciones narcotraficantes, aunque el comunicado evita mencionar nombres o cargos específicos.
