LEGALIDAD Y EQUIDAD EN LAS PENSIONES: EL COMPROMISO DE LA GOBERNADORA MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 1 de mayo de 2026
La gobernadora Margarita González Saravia dejó claro, este jueves 30 de abril, que su administración avanza con paso firme en la creación del Instituto de Pensiones del Poder Ejecutivo, un organismo que buscará poner orden, certeza jurídica y total transparencia al sistema de retiro de los trabajadores estatales.
Lejos de improvisaciones, la mandataria subrayó que esta iniciativa está diseñada exclusivamente para el personal del Ejecutivo, sin tocar a los municipios, y responde de manera responsable al crecimiento previsto de jubilados en los próximos años.
La propuesta rompe con esquemas anteriores en los que las pensiones se decidían desde las tribunas legislativas y consolida un modelo moderno, alineado al marco federal, que prioriza la justicia laboral y protege los derechos de la base trabajadora. “Este instituto está muy lejos de afectar a las y los trabajadores; al contrario, nos va a beneficiar”, afirmó la gobernadora, al explicar que el nuevo ente permitirá combatir las llamadas pensiones doradas y garantizar que todo el proceso se realice dentro de la más estricta legalidad.
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es el método de construcción de la iniciativa: se está trabajando de la mano con los sindicatos, revisando planteamientos y atendiendo inquietudes de forma directa. La gobernadora insistió en que “vamos de la mano con los sindicatos; las y los trabajadores van a estar siempre incluidos en la discusión”, lo que convierte al diálogo social en el eje central de la reforma.
Frente a las versiones distorsionadas que circulan en redes sociales, la titular del Ejecutivo hizo un llamado a la cordura y a no dejarse llevar por rumores que, según indicó, forman parte de golpeteos políticos. “Somos un gobierno serio y responsable, siempre vamos a apoyar a las y los trabajadores”, puntualizó, al tiempo que reiteró que la iniciativa aún no ha sido enviada al Congreso del Estado precisamente para enriquecerla con las aportaciones de los propios empleados.
Al cierre de su mensaje, Margarita González Saravia reafirmó que los canales de comunicación permanecerán abiertos para escuchar dudas y construir, entre todos, una propuesta sólida que garantice estabilidad, equidad y certeza en el sistema de pensiones de Morelos. Con este anuncio, el gobierno estatal no solo promete erradicar privilegios, sino que demuestra que la legalidad y la protección a la base trabajadora pueden y deben ir de la mano.
Una vez más, Margarita González Saravia sale al quite para despejar la desinformación y los rumores malintencionados que circulan en redes sociales, desmontando con claridad y responsabilidad las versiones falsas que buscan generar incertidumbre entre los trabajadores. En un gesto firme y transparente, la mandataria reafirma el compromiso central de la iniciativa: erradicar de una vez por todas las injustas pensiones doradas, esos privilegios que permiten a exfuncionarios embolsarse mes a mes entre 120 y 150 mil pesos sin mayor esfuerzo, mientras la base trabajadora enfrenta mayores dificultades. “Este instituto está muy lejos de afectar a las y los trabajadores; al contrario, nos va a beneficiar”, subrayó, al posicionar la creación del Instituto de Pensiones como un instrumento de equidad que garantizará legalidad, combatirá los abusos del pasado y pondrá fin a un sistema que durante años premió la desigualdad en lugar de reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes verdaderamente sostienen el servicio público en Morelos.
En torno a los aguinaldos que perciben miles de servidores públicos y burócratas en Morelos quiero comentar lo siguiente, porque fui testigo de ello. Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos en el sexenio 1982-1988, decidió conceder SOLO a los trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo la sensacional prestación de 90 días de aguinaldo. Infortunadamente para las siguientes generaciones, aquella determinación se transformó y perniciosamente se la asignaron funcionarios estatales de todos los niveles y en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), incluyendo al personal de confianza. Fieles a la costumbre, los cabildos repitieron la historia a lo largo y ancho del estado. Morelos es la única entidad mexicana donde existen tres meses de aguinaldo a favor de la burocracia, contra los 15 días que llegan a pagarse en la mayoría de estados. Ayer escuché a Joel Sánchez Vélez, dirigente del SNTE en esta entidad, defender con vehemencia los 90 días para segir rigiendo en un sector que, al ser concedida tan espléndida prestación, jamás fue contemplado.
