MORELOS Y SUS VENTANAS ROTAS: CUANDO EL ABANDONO DEL ESPACIO PÚBLICO ABRE LA PUERTA A LA INSEGURIDAD
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 17 de agosto de 2026
En Cuernavaca y otros municipios de Morelos, la inseguridad ya no puede analizarse únicamente a partir del número de homicidios, robos o extorsiones. También se manifiesta en calles deterioradas, espacios públicos abandonados, comercio desordenado, zonas donde la autoridad parece ausente y ciudadanos que modifican sus hábitos por miedo. La llamada “teoría de las ventanas rotas” plantea justamente esa relación: cuando las pequeñas transgresiones, el deterioro y el desorden permanecen sin respuesta, se transmite la percepción de que las normas pueden incumplirse sin consecuencias. En Morelos, los datos de 2026 revelan una paradoja: mientras las autoridades reportan avances en algunos indicadores, la entidad continúa situada entre las más golpeadas del país por diversos delitos de alto impacto.
Una ventana rota que nadie repara
En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un experimento que años después serviría como antecedente de la llamada teoría de las ventanas rotas. Dos automóviles idénticos fueron abandonados, uno en el Bronx de Nueva York y otro en Palo Alto, California. El primero fue vandalizado rápidamente; el segundo permaneció intacto hasta que los investigadores rompieron deliberadamente uno de sus vidrios. A partir de entonces, también ese vehículo comenzó a ser saqueado y destruido.
La explicación propuesta fue más allá de la pobreza. Un vidrio roto que permanece sin reparar puede transmitir una señal de abandono, ausencia de reglas y falta de vigilancia. A partir de esa observación, James Q. Wilson y George Kelling desarrollaron posteriormente la denominada “teoría de las ventanas rotas”, según la cual los entornos caracterizados por el descuido, la suciedad y el desorden pueden favorecer condiciones en las que aumenten las conductas antisociales y delictivas.
La idea no debe interpretarse como una ecuación automática según la cual una banqueta sucia produce un homicidio. El problema es más complejo. Pero sí permite formular una pregunta pertinente para Morelos: ¿qué mensaje recibe una comunidad cuando las pequeñas infracciones, el deterioro urbano, la apropiación irregular de los espacios comunes o la violación cotidiana de las normas permanecen durante años sin una respuesta visible de la autoridad?
Cuernavaca: vivir con la sensación de inseguridad
La respuesta de los ciudadanos aparece, en buena medida, en las encuestas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente a junio de 2026, 79.8 por ciento de la población adulta del área urbana de Cuernavaca consideró inseguro vivir en la ciudad. Aunque la cifra descendió ligeramente respecto del 82.3 por ciento registrado en marzo, la variación no fue estadísticamente significativa. El promedio nacional, en contraste, fue de 59.8 por ciento.
Es decir, casi ocho de cada diez habitantes adultos expresaron una percepción de inseguridad.
Ese dato es particularmente relevante porque la seguridad no se limita a las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías. También se refleja en la libertad con que una persona utiliza una plaza, espera transporte, camina por una calle, acude de noche a un comercio o permite que sus hijos permanezcan en determinados espacios.
Cuando la población comienza a abandonar ciertas zonas por temor, ocurre precisamente uno de los fenómenos descritos por la teoría de las ventanas rotas: los parques y espacios públicos que dejan de ser utilizados por la mayoría pueden quedar progresivamente a merced de quienes los ocupan para actividades contrarias a la convivencia comunitaria.
Los números que Morelos todavía no consigue dejar atrás
El escenario estatal tampoco permite minimizar el problema.
Con cifras correspondientes a enero-mayo de 2026, Morelos se colocó en primer lugar nacional por tasa en cinco categorías delictivas, entre ellas extorsión presencial y robo de motocicleta. En extorsión presencial registró una tasa de 14.85 casos por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces el promedio nacional.
En ese mismo periodo, la entidad ocupó el segundo lugar nacional en homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo de vehículo, y el cuarto lugar en robo a casa habitación. La tasa de homicidio doloso fue de 19.69 víctimas por cada 100 mil habitantes; la de robo de vehículo, de 38.11 casos.
Los datos obligan a evitar dos extremos: no puede afirmarse que nada haya mejorado, pero tampoco que el problema de inseguridad esté resuelto.
El propio Gobierno federal informó en julio que el promedio diario de homicidios en Morelos había disminuido de 3.7 a 1.9. Las autoridades atribuyen esa reducción a operativos conjuntos, acciones de inteligencia, detenciones y una mayor coordinación entre Federación y Estado.
La disminución es relevante.
Pero reducir la velocidad de una crisis no significa haberla superado.
Seis municipios en una misma fotografía
La violencia tampoco está confinada a una sola región de Morelos.
Datos difundidos en julio con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a Emiliano Zapata, Temixco, Yautepec, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca entre los municipios morelenses con tasas elevadas de homicidio doloso.
Entre los datos correspondientes al periodo reportado, Emiliano Zapata contabilizó 42 homicidios dolosos, con una tasa de 39.23 por cada 100 mil habitantes; Temixco registró 40, equivalente a 32.72; Yautepec tuvo 29, con una tasa de 27.42; Cuautla sumó 37, y Cuernavaca registró 57 homicidios dolosos, equivalentes a 15.06 por cada 100 mil habitantes.
El problema, por tanto, no respeta fronteras municipales.
La zona metropolitana de Cuernavaca está interconectada. Una persona puede vivir en Temixco, trabajar en Cuernavaca, trasladarse por Jiutepec y realizar actividades en Emiliano Zapata durante el mismo día. Pensar la seguridad exclusivamente desde los límites administrativos de cada ayuntamiento resulta cada vez menos realista.
La extorsión: el delito que modifica la vida cotidiana
Si existe un delito que permite observar cómo la inseguridad altera profundamente la vida económica y social de una comunidad, es la extorsión.
Cuautla constituye hoy uno de los ejemplos más graves.
Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 313 víctimas de extorsión en ese municipio, aproximadamente el doble de las registradas durante el mismo periodo del año anterior. Comerciantes han denunciado amenazas y cobros de piso, mientras algunos negocios han optado por cerrar ante el riesgo.
La situación alcanzó además una dimensión institucional. Durante 2026, investigaciones federales derivaron en detenciones de autoridades y exautoridades municipales de Cuautla y de otros municipios del oriente de Morelos por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Esto traslada el problema a otro nivel.
Una cosa es que una autoridad sea incapaz de impedir totalmente la delincuencia.
Otra mucho más grave es la sospecha de que determinadas estructuras delictivas puedan infiltrarse en las instituciones encargadas precisamente de enfrentarlas.
Cuando eso ocurre, la “ventana rota” deja de ser una metáfora sobre un vidrio, una banqueta o una pared grafiteada. La institución misma puede convertirse en la ventana rota.
El crimen tampoco reconoce municipios
Las investigaciones sobre grupos delictivos muestran otro elemento preocupante: su movilidad territorial.
En mayo fueron detenidos varios presuntos integrantes de Los Linos, organización vinculada por las autoridades con extorsión, homicidio, robo de vehículos y narcotráfico. Fuentes relacionadas con las investigaciones señalaron presencia de esta organización en Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.
En meses recientes también se han difundido mensajes y videos atribuidos a grupos criminales que mencionan específicamente Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, Temixco y otras zonas del estado, en medio de amenazas y disputas relacionadas con extorsión y control territorial. Las autoridades siguen el fenómeno ante el riesgo de nuevas confrontaciones entre organizaciones.
Es una advertencia importante: mientras las administraciones municipales actúan dentro de límites territoriales definidos, las organizaciones criminales no están sujetas a ellos.
Del desorden cotidiano a la pérdida del territorio
Aquí es donde la teoría de las ventanas rotas ofrece una lectura útil para analizar el deterioro urbano.
Cuando pequeñas transgresiones —estacionarse donde está prohibido, ignorar señales o violar sistemáticamente normas básicas— permanecen sin sanción, puede consolidarse socialmente la impresión de que incumplir las reglas carece de consecuencias.
Trasladado a una ciudad como Cuernavaca, el planteamiento obliga a mirar aspectos que normalmente se consideran separados de la política de seguridad:
calles sin iluminación suficiente, lotes abandonados, basura acumulada, vehículos estacionados permanentemente en sitios prohibidos, banquetas invadidas, parques deteriorados, construcciones irregulares, ruido impune, giros comerciales funcionando fuera de norma, venta clandestina, consumo de alcohol en lugares prohibidos o apropiaciones particulares del espacio destinado a todos.
Ninguna de esas conductas equivale necesariamente a delincuencia organizada.
Pero cuando la autoridad permite sistemáticamente que las normas elementales sean ignoradas, se deteriora algo fundamental para la seguridad: la percepción de que existe un orden público capaz de hacerse cumplir.
El espacio público también es una política de seguridad
Por eso, recuperar una plaza, iluminar una calle, mantener limpia una colonia, reparar inmediatamente mobiliario urbano destruido o garantizar que una banqueta pueda ser utilizada por peatones no son simples acciones estéticas.
También pueden formar parte de una estrategia preventiva.
La seguridad comienza antes de que aparezca una patrulla después de un delito.
Comienza con espacios utilizados por ciudadanos, calles transitables, iluminación adecuada, vigilancia, actividades comunitarias y reglas claras que efectivamente se cumplen.
La teoría de las ventanas rotas sostiene precisamente que los espacios públicos deteriorados y posteriormente abandonados por los ciudadanos pueden acabar siendo ocupados por quienes aprovechan esa ausencia.
Vista desde esa perspectiva, recuperar el espacio público también significa recuperar territorio para la comunidad.
No se trata de criminalizar la pobreza
Éste es un punto indispensable.
Aplicar esta visión a Morelos no significa asociar automáticamente pobreza, comercio informal, juventud o marginación con delincuencia.
El propio experimento que sirve de antecedente a la teoría pretendía mostrar precisamente que el fenómeno no podía explicarse exclusivamente por la pobreza: cuando se produjo deliberadamente una señal de abandono en el automóvil ubicado en una zona acomodada, éste también terminó vandalizado.
Tampoco significa adoptar políticas indiscriminadamente represivas.
La llamada “tolerancia cero” no debería significar abuso policial. La misma intolerancia frente al incumplimiento de la ley debe aplicarse a los abusos de autoridad.
La clave no está en perseguir personas por su condición social.
Está en hacer cumplir las reglas de manera legal, proporcional y pareja.
La autoridad frente a sus propias ventanas rotas
Morelos enfrenta hoy un escenario contradictorio.
Por una parte, las autoridades pueden mostrar resultados concretos: del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 reportaron más de 2 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto, 519 armas aseguradas, más de 14 mil cartuchos y seis laboratorios clandestinos desmantelados.
También existen reducciones verificables en homicidios.
Pero, al mismo tiempo, Morelos continúa ocupando posiciones nacionales preocupantes en delitos particularmente graves, Cuernavaca mantiene una percepción de inseguridad cercana al 80 por ciento y municipios como Cuautla viven una crisis de extorsión que ha afectado directamente a comerciantes y actividades económicas.
Eso sugiere que una política de seguridad centrada exclusivamente en detenciones y operativos resulta insuficiente.
La pregunta también debe plantearse desde abajo:
¿qué ocurre en la calle?
¿Qué pasa con el parque abandonado?
¿Con la luminaria que lleva meses sin funcionar?
¿Con la banqueta que dejó de pertenecer en los hechos al peatón?
¿Con la infracción que todos observan y nadie sanciona?
¿Con el negocio extorsionado que prefiere cerrar?
¿Con el ciudadano que deja de salir porque considera peligroso hacerlo?
¿Con la autoridad municipal que sabe que una norma se incumple cotidianamente y decide tolerarlo?
Ahí puede comenzar otra parte de la inseguridad.
Reparar las ventanas antes de que sea demasiado tarde
Cuernavaca y Morelos no necesitan elegir entre combatir a los grandes grupos criminales o recuperar el orden cotidiano: necesitan hacer ambas cosas. Desarticular células delictivas, perseguir la extorsión y detener homicidas es indispensable, pero también lo es impedir que el abandono, el deterioro y el incumplimiento rutinario de la ley se normalicen. Una ciudad empieza a perderse mucho antes de que sus estadísticas criminales alcancen niveles críticos: comienza a perderse cuando sus habitantes dejan de sentir como suyas las calles, las plazas y los parques; cuando el miedo modifica sus horarios y recorridos; y cuando la violación de una regla deja de sorprender porque todos saben que probablemente no tendrá consecuencias.
Las ventanas rotas de Morelos no son solamente vidrios: son espacios abandonados, normas ignoradas, negocios que cierran y ciudadanos que retroceden. Repararlas exige algo más difícil que un operativo policial: recuperar la presencia efectiva de la autoridad y devolver a la comunidad la certeza de que el espacio público sigue perteneciendo a todos.
