TRIBUNAL DE LUJO, RESULTADOS EN LA SOMBRA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Viernes 28 de agosto de 2026
E D I T O R I A L
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos perciben salarios que para la inmensa mayoría de los ciudadanos resultan inalcanzables. Mientras los titulares de sala reciben más de 134 mil pesos netos mensuales, el magistrado presidente, Guillermo Arroyo Cruz, supera los 149 mil pesos. Son emolumentos financiados con recursos públicos y acompañados por prestaciones que elevan todavía más su costo real para el erario. La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿qué recibe la sociedad morelense a cambio de esos ingresos privilegiados?
Nadie discute que Morelos necesita una instancia independiente ante la cual los ciudadanos puedan impugnar multas, clausuras, créditos fiscales, destituciones y otros actos arbitrarios de dependencias estatales o municipales. También resulta indispensable contar con un órgano capaz de resolver asuntos relacionados con faltas administrativas graves y corrupción. Sin embargo, la importancia jurídica de una institución no constituye un cheque en blanco para gastar sin rendir cuentas ni permite sustituir los resultados con discursos sobre autonomía.
El verdadero problema del Tribunal no es solamente lo que cuesta, sino la opacidad social en la que opera. La mayoría de los morelenses ignora cuántos asuntos recibe, cuánto tarda en resolverlos, cuántos expedientes permanecen rezagados, qué porcentaje de sus sentencias se cumple y cuántas resoluciones son modificadas o anuladas mediante amparos. Tampoco existe una difusión accesible y periódica que permita conocer cuál ha sido su aportación concreta al combate contra la corrupción. Publicar documentos técnicos en una página de internet no equivale a informar con claridad.
La reciente ampliación de cinco a siete magistraturas obliga a una explicación todavía más rigurosa. Dos nuevas salas representan salarios, secretarios de acuerdos, personal de estudio y cuenta, actuarios, oficinas, mobiliario y gastos de operación. La ciudadanía tiene derecho a saber qué problema específico resolvió ese crecimiento: ¿disminuyó el rezago?, ¿se redujo la duración de los juicios?, ¿se facilitó el acceso a la justicia?, ¿aumentaron las sanciones firmes contra servidores públicos corruptos? Si no existen respuestas comprobables, la ampliación puede interpretarse como crecimiento burocrático y reparto de posiciones.
Resulta difícil hablar de austeridad cuando siete magistraturas absorben, solamente en salarios netos, cerca de un millón de pesos mensuales. Y esa cuenta no incluye aguinaldos (de noventa días), primas, seguridad social, seguros, viáticos ni el personal asignado a cada sala. Mientras miles de trabajadores morelenses sobreviven en la informalidad y con ingresos que apenas alcanzan para cubrir lo indispensable, los integrantes del Tribunal disfrutan percepciones propias de una élite pública. La autonomía institucional no debe confundirse con inmunidad frente al escrutinio ciudadano.
Los magistrados podrían defender sus sueldos si mostraran resultados igualmente elevados. Para hacerlo tendrían que publicar indicadores sencillos, comparables y verificables por cada sala: expedientes recibidos y resueltos, tiempo promedio de resolución, asuntos pendientes, sentencias cumplidas, resoluciones impugnadas y sanciones efectivas por responsabilidades administrativas graves. Quien recibe una remuneración excepcional tiene la obligación de ofrecer una rendición de cuentas también excepcional.
El Tribunal de Justicia Administrativa puede desempeñar una función necesaria, pero no basta con afirmarlo desde sus oficinas. Debe demostrarlo en la vida de los ciudadanos que recurren a él frente a los abusos del poder. Mientras sus salarios sean ampliamente conocidos y sus resultados permanezcan prácticamente ocultos, persistirá una sospecha legítima: en Morelos tenemos una justicia administrativa de lujo, pero todavía no sabemos si también es una justicia eficaz.
A ello debe agregarse otro privilegio poco conocido: varios de esos magistrados se aproximan —si no es que algunos ya la alcanzaron— a la antigüedad necesaria para jubilarse, con pensiones calculadas sobre remuneraciones que ningún trabajador común podría siquiera imaginar. Después de años cobrando salarios superiores a los 134 mil pesos mensuales, podrían retirarse con jubilaciones ajenas a la realidad de cualquier mortal, financiadas de por vida con dinero público. El asunto no es menor: a los elevados emolumentos actuales deberá sumarse una carga pensionaria futura que seguirá pagando la sociedad morelense, incluso cuando sus beneficiarios ya no dicten una sola sentencia.
