LAS GRANJAS: REPARAR EL DAÑO NO BASTA, TAMBIÉN HAY QUE EXPLICAR QUÉ PASÓ
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 17 de agosto de 2026
A once días de la explosión ocurrida el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, comienzan a darse los primeros pasos para atender a quienes perdieron patrimonio, resultaron lesionados o vieron alterada su vida por un hecho que dejó, además, una persona fallecida. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha asegurado que “se hará justicia” y anunció que durante esta semana deberán formalizarse los primeros 14 acuerdos reparatorios entre la empresa gasera, las aseguradoras y las personas afectadas. Es una señal importante, pero apenas constituye el principio de un proceso que deberá ir mucho más allá del pago de los daños materiales.
La dimensión del siniestro obliga a actuar con especial cuidado. De acuerdo con la información de la Fiscalía, 16 personas resultaron lesionadas: siete ya fueron dadas de alta, ocho permanecen hospitalizadas —cinco en la Ciudad de México, una en Texas y dos en Cuernavaca— y una persona perdió la vida. A ello se suman los daños ocasionados a viviendas, vehículos y otros bienes de los habitantes de la zona. Frente a este panorama, los acuerdos reparatorios pueden ofrecer una respuesta relativamente rápida a algunas víctimas, siempre que las indemnizaciones correspondan realmente a la magnitud de los perjuicios y que nadie sea presionado a aceptar cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden.
Resulta acertado, por ello, que en la formalización de esos acuerdos intervengan la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Su presencia debe servir como una garantía adicional para que las personas afectadas conozcan plenamente qué están firmando, qué conceptos les están siendo cubiertos y, sobre todo, cuáles son los efectos jurídicos de aceptar un convenio. Un acuerdo reparatorio no debería convertirse en una salida cómoda para cerrar apresuradamente un expediente, sino en un mecanismo efectivo para resarcir a las víctimas de manera justa, integral y transparente.
Pero hay otra vertiente que no puede quedar subordinada a las indemnizaciones: determinar qué provocó la explosión y quién o quiénes son jurídicamente responsables. La Fiscalía informa que hasta el domingo 16 de agosto se habían realizado 160 intervenciones periciales y que solicitó el apoyo de especialistas de la Fiscalía General de la República para robustecer la investigación. Esa participación resulta particularmente relevante porque alrededor del accidente han circulado distintas versiones sobre su posible origen. Corresponderá a los peritajes técnicos, y no a las especulaciones, establecer si existió una falla mecánica, una fuga, una deficiencia en las condiciones de circulación de la unidad, alguna circunstancia relacionada con la vialidad (un tope de reciente colocación, sin balizamiento) o cualquier otra causa que hubiera contribuido al desastre.
La responsabilidad tampoco debe agotarse en identificar la causa inmediata de la explosión. Será necesario conocer las condiciones en las que circulaba la pipa, su estado físico y mecánico, el cumplimiento de las normas aplicables al transporte y distribución de gas, las condiciones de seguridad de la unidad y la actuación de quienes tenían a su cargo su operación y mantenimiento. Si existieron omisiones de particulares o de autoridades, tendrán que establecerse con claridad.
Las aseguradoras tienen una función fundamental para responder económicamente frente a los daños cubiertos, pero la existencia de una póliza de seguro no sustituye la investigación ni extingue, por sí misma, las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran derivarse de los hechos.
El compromiso expresado por el fiscal Fernando Blumenkron de que “se hará justicia” deberá medirse finalmente por resultados. Justicia será que los lesionados reciban la atención y reparación que corresponda; que los familiares de la persona fallecida sean debidamente indemnizados; que quienes sufrieron daños patrimoniales no tengan que peregrinar durante meses para obtener una respuesta; pero también que la sociedad conozca con precisión por qué ocurrió la explosión y si pudo haberse evitado.
Los primeros 14 acuerdos pueden ser un buen comienzo. El verdadero cierre del caso llegará cuando, además de reparar las consecuencias, se determinen las causas, se deslinden todas las responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para impedir que una tragedia como la de Las Granjas se repita.
